Por: Gonzalo Chávez

La estabilización económica no es un acto puramente técnico: es, ante todo, un proceso político, social e institucional. Requiere no solo de medidas macroeconómicas acertadas, sino de condiciones sociales y políticas que las hagan viables. A partir de la experiencia boliviana de 1985, cuando se logró frenar una hiperinflación galopante mediante el Decreto Supremo 21060, es posible identificar seis condiciones fundamentales para implementar un proceso de estabilización exitoso. Estas condiciones abarcan desde la gobernabilidad política y social, hasta la existencia de un liderazgo fuerte, estructuras partidarias organizadas y un horizonte de ideas compartido.

Cada una de estas condiciones puede ser analizada desde dos planos: por un lado, su formulación conceptual como requisito para cualquier proceso de estabilización; por otro, la experiencia histórica de 1985 y su comparación con la coyuntura actual, marcada por fragmentación política, debilidad institucional y un vacío de proyecto nacional. Esta doble lectura permite comprender no solo lo que se necesita para estabilizar una economía en crisis, sino también los riesgos que enfrenta Bolivia si esas condiciones no se reconstruyen con urgencia.

Gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. La estabilización requiere, como condición previa, una base de apoyo parlamentario suficiente para aprobar las medidas legales que acompañan el ajuste. Esta gobernabilidad se construye mediante pactos políticos explícitos o implícitos, donde distintas fuerzas partidarias acuerdan una agenda común. En esencia, esto implica una forma de unidad política que transcienda intereses partidarios inmediatos en favor de objetivos nacionales de mayor alcance.

En 1985, el Decreto Supremo 21060 contó con el respaldo de un acuerdo amplio entre partidos en el Congreso. Este pacto político fue crucial para legitimar el ajuste y garantizar su implementación. En contraste, se anticipa que la Asamblea Legislativa posterior a 2025 estará profundamente fragmentada. El MAS conservará una bancada importante con capacidad de veto, mientras que la oposición probablemente se presentará dividida, debilitada por intereses personales y corporativos. Este escenario augura serios problemas de gobernabilidad legislativa para cualquier intento de reforma estructural.

Gobernabilidad en las calles. Además del respaldo institucional, la estabilización requiere gobernabilidad social. Esta implica la capacidad del Estado de contener, negociar o canalizar las tensiones y demandas provenientes de la ciudadanía. En este plano, se necesita una forma de unidad social: encontrar narrativas comunes, causas compartidas o marcos simbólicos que legitimen el sacrificio y eviten el colapso del orden social.

En 1985, el control social del espacio público estaba debilitado. La Central Obrera Boliviana, entonces el actor social más poderoso, había participado en el cogobierno anterior y carecía de legitimidad para liderar una oposición coherente al nuevo ajuste. La resistencia se concentró principalmente en el sector minero, con la desvinculación de 30.000 trabajadores. En la actualidad, el panorama es más complejo: si bien existen múltiples focos de protesta, no hay un actor social dominante ni un relato articulador. Las calles están activas y mejoras y son movimientos sociales mejor organizados. El ejemplo para en este contexto es el sindicato de cocaleros que además de ser muy fuerte controla un territorio dentro de Bolivia: el Chapare. La posibilidad de estallidos sociales no puede descartarse, sobre todo si el ajuste no viene acompañado de medidas de protección social claras y creíbles.

Predisposición social al cambio. Una condición crítica para cualquier ajuste estructural es la existencia de una predisposición social al cambio. Esta se expresa en la capacidad de la sociedad para tolerar costos de corto plazo a cambio de beneficios de largo plazo. Supone una forma de unidad cívica: la disposición colectiva a enfrentar sacrificios, canalizar frustraciones y reconstruir expectativas a través de un horizonte de transformación.

En 1985, el país había tocado fondo. La hiperinflación había destruido los salarios, colapsado el mercado y vuelto insoportable la vida cotidiana. Esta situación generó una predisposición social amplia al cambio. En la actualidad, si bien la crisis es severa, con inflación, escasez de dólares y parálisis productiva, todavía no ha alcanzado un punto de ruptura emocional. Sin embargo, el malestar crece y podría generar, en el mediano plazo, condiciones similares de apertura al cambio si el deterioro continúa y se profundiza el desencanto con el statu quo.

Estructuras partidarias sólidas y organizadas. La implementación sostenida de un plan de estabilización requiere estructuras partidarias capaces de movilizar apoyo, garantizar disciplina interna y articular la acción pública. Esta es una forma de unidad organizacional: organizaciones políticas cohesionadas, con cuadros preparados y capacidad de operación territorial.

En 1985, pese a la fragmentación ideológica, los partidos contaban con bases territoriales, liderazgos locales y una mínima disciplina orgánica. Esto permitió articular coaliciones funcionales al ajuste. Hoy, excepto el MAS, los partidos son estructuras débiles, sin institucionalidad, sin ideología coherente y capturados por intereses sectoriales o caudillistas. La política se ha vuelto un archipiélago de intereses momentáneos, incapaz de sostener reformas profundas. Esta debilidad institucional es un obstáculo mayúsculo para cualquier proceso de transformación.

Proyecto común de ideas y metas compartidas. Todo proceso de estabilización necesita algo más que instrumentos económicos: necesita un marco de ideas, una visión compartida de país, metas claras de corto, mediano y largo plazo. Se trata de una unidad programática que permita alinear expectativas, coordinar acciones y dar sentido colectivo al esfuerzo de ajuste.

En 1985, el modelo nacionalista-desarrollista había colapsado, y emergió una nueva visión basada en el protagonismo del mercado y el sector privado. Aunque el ajuste fue duro, se crearon amortiguadores como el Fondo Social de Emergencia, que ayudaron a dar equilibrio al nuevo modelo. Hoy, Bolivia no cuenta con un horizonte ideológico compartido. Las propuestas circulantes no son proyectos, sino consignas. Se mira hacia experiencias externas, como Argentina o El Salvador, sin una reflexión estructurada sobre nuestras propias condiciones. La falta de un proyecto nacional constituye uno de los déficits más alarmantes del presente.

Liderazgo fuerte y visionario. En momentos de crisis, la conducción del proceso recae en liderazgos capaces de articular intereses diversos, comunicar con claridad los objetivos del ajuste y transmitir confianza. Se requiere una forma de unidad simbólica y moral, encarnada en figuras que representen el interés nacional por encima de los intereses sectoriales o personales.

Víctor Paz Estenssoro encarnó ese liderazgo en 1985. Con 78 años, una trayectoria política consolidada y legitimidad histórica, supo ejercer autoridad sin caer en el autoritarismo. Su liderazgo permitió implementar medidas duras con el menor costo político posible. Hoy, Bolivia carece de figuras con ese peso específico. Los liderazgos son fragmentados, de corto alcance y, en muchos casos, construidos sobre estrategias comunicacionales más que sobre experiencia, visión o autoridad moral. La ausencia de un liderazgo fuerte es uno de los mayores vacíos estratégicos actuales.

La experiencia de 1985 muestra que la estabilización económica exige más que políticas correctas: requiere condiciones sociales, políticas e institucionales que actúen como pilares del ajuste. Estas incluyen gobernabilidad en el Congreso, paz social en las calles, una sociedad dispuesta al cambio, liderazgos fuertes, partidos organizados y un proyecto común de país. En cada uno de estos frentes, la comparación entre 1985 y la actualidad revela fragilidades significativas. Bolivia enfrenta hoy una crisis profunda sin los elementos de unidad que hicieron posible la estabilización hace cuatro décadas.

Sin embargo, reconocer estas carencias es también un primer paso hacia su reconstrucción. Si el país logra recomponer, aunque sea parcialmente, estas seis formas de unidad, política, social, cívica, simbólica, organizacional y programática, será posible pensar en una salida ordenada a la crisis actual. De lo contrario, cualquier intento de ajuste corre el riesgo de naufragar en medio de la fragmentación, el conflicto y el desencanto.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera