La jueza Jimena Palacios ha negado recientemente la acción de libertad presentada por Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Carvajal, una activista de 84 años, ha estado en vigilia durante 11 días, exigiendo la devolución de las oficinas de la APDHB, que fueron tomadas por un grupo liderado por Edgar Salazar, un dirigente afín al MAS.

La Decisión de la Jueza

La jueza Palacios argumentó que no identificó ninguna acción u omisión por parte del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y del Comandante Departamental de la Policía, Jhonny Chávez, que pudieran poner en peligro la vida de Carvajal. Además, señaló a Carvajal como la responsable de su salud si decide mantener la vigilia.

Esta decisión ha generado controversia, ya que la activista ha estado en ese lugar durante 11 días, sin que su pedido sea atendido por la Policía y la Fiscalía.

La Acción de Libertad y la Propiedad de las Oficinas

La APDHB, representada legalmente por Carvajal, presentó una acción de libertad contra el ministro Del Castillo y el comandante departamental, alegando falta de acción contra el delito de allanamiento cometido por el grupo de Salazar. Además, la APDHB ha presentado una acción de amparo constitucional sobre la propiedad y posesión de las oficinas, demandando únicamente a Salazar.

La Respuesta de la Policía y los Grupos de Choque

En la audiencia, los representantes de la Policía afirmaron que los policías están presentes para resguardar la seguridad de ambas partes y evitar enfrentamientos. Sin embargo, grupos de funcionarios y militantes del MAS han lanzado varias convocatorias en sus redes sociales para respaldar la toma de la APDHB.

Conclusión

La negación de la acción de libertad a Amparo Carvajal ha generado una situación compleja y delicada. La activista de 84 años sigue en vigilia, mientras la Policía, la Fiscalía y el ministro de Gobierno parecen no tomar acciones concretas para resolver la situación. Mientras tanto, los grupos de choque continúan respaldando la toma de la APDHB. La resolución de este conflicto es crucial para la protección de los derechos humanos en Bolivia.