En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la gran mayoría de los bolivianos votó blanco o nulo para expresar su rechazo a los postulantes masistas a magistrados y consejeros. El próximo 1 de diciembre, considero que esa mayoría debe cambiar de actitud y emitir voto válido. Es decir, debe elegir a los postulantes sin color político para cerrar el paso a los candidatos masistas. Voy a explicar por qué.

Comienzo con una pregunta: ¿Evitó los votos blanco y nulo que los masistas tomen el control de la Justicia y causen la peor crisis de su historia? No, no y no. Ganaron con lo mínimo, demostraron incapacidad y sometimiento, fueron escrachados, criticados con sarcasmo e ironía, pero alcanzaron su objetivo: asumir el mando del Poder Judicial y mantener al masismo en el poder.

Si la mayoría vota como en 2011 y 2017, el masismo seguirá controlando las altas cortes del país, seguirá barnizando de legalidad sus acciones antidemocráticas, seguirá usando la justicia para perseguir a sus adversarios y seguirá reproduciéndose en el poder de forma autoritaria. En suma, seguirá destruyendo la institucionalidad democrática.

Si el masismo vuelve a controlar la justicia así pierda las elecciones nacionales de 2025, tendrá una quinta columna en los tribunales para destruir al próximo gobierno. Si queremos frenar el desastre y la desinstitucionalización a la que nos han llevado, los bolivianos tenemos que votar por candidatos libres del sometimiento político.

Sabemos que algunos postulantes como Carlos Ortiz (Beni) aprobaron la prueba oral con chanchullo en complicidad con asambleístas como la masista evista, Patricia Arce. También sabemos que en la lista figuran postulantes que se aplazaron en la prueba oral y que fueron incluidos por cumplir las reglas de la convocatoria.

Estamos conscientes que el examen oral de selección múltiple, en algunos casos, sólo probó lo tramposos que son, pero no su capacidad de razonamiento, menos su predisposición ética para hacer justicia o su caudal de conocimientos para resolver casos complejos. También estamos conscientes que los chanchulleros y aplazados podrían ser “elegidos” magistrados si la mayoría vota blanco o nulo.

Las leyes de la dialéctica dicen que donde está lo malo está lo bueno ¿Cómo reconocer a un buen postulante? Primer indicio: no ha pasado por la función pública. Por tanto, es muy probable que sea independiente porque, como bien sabes y dicen los antecedentes, para ser funcionario hay que ser militante del partido estado.

Un militante obedece al partido así para ello tenga que violar la Constitución. No le importa la justicia, sino el partido en el poder. Hay abundantes pruebas, desde el derecho humano a ser dictador hasta ponerse por encima de la Ley para autoprorrogarse.

Segundo indicio, tiene pensamiento crítico. Es capaz de discernir incluso en contra de la gente que lo promovió si se trata de hacer justicia. A diferencia de un fanático, aplica la doctrina de los derechos humanos no sólo para defender a izquierdistas, sino a gente de toda tendencia política, ideológica, condición social y étnica.

El fanático azul tiene su alma ideologizada y poseída por la voluntad de un jefe a quien venera cual si fuera una deidad. Su voluntad y su alma están amoldadas a la voluntad de otro por pretensiones personales y objetivos de grupo. Encubre y lo encubren. Renuncia a sí mismo hasta perder dominio de su propio ser por creer que sirve a un ser sobrenatural. Es un destructor de la justicia y de la democracia.

Como en las judiciales pasadas, el masismo instruirá a su fanaticada votar por sus candidatos e inducirá al resto a votar en blanco o nulo. ¿Qué hacer para evitarlo? Construir corrientes de opinión de escrutinio de sus candidatos.

Para ese propósito, tenemos de nuestro lado la Convención Americana sobre Derechos Humanos que nos faculta a los ciudadanos a escrutar con mayor rigurosidad a los candidatos a funciones públicas como es el caso de los postulantes a magistrados.

“Los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública”, dice el punto 40 del Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión.

En ese sentido, la Relatoria Especial para la libertad de expresión indica que el Estado (Plurinacional) debe abstenerse en mayor grado de imponer limitaciones a la formación de corrientes de opinión pública en favor o en contra de candidatos.

“Dado que el derecho a la libertad de expresión habilita al individuo y a la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes sobre todos los aspectos relativos al funcionamiento de la sociedad, este derecho cubre debates que pueden ser críticos e incluso ofensivos para los funcionarios públicos, los candidatos a ocupar cargos públicos o las personas vinculadas a la formación de la política pública”, dice.

Las leyes nacionales que van contra estas disposiciones de la Convención, si hay, deben ser desobedecidas por los ciudadanos.

¿Queremos frenar la crisis de la justicia? Identifiquemos públicamente a los candidatos que tienen su voluntad sometida y votemos válido por los postulantes libres. Si otra vez ganan los votos blanco y nulo, perderá la justicia y triunfará el “madurismo” en Bolivia.

Andrés Gómez Vela es periodista y abogado.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera