El cinismo político ha llegado a niveles alarmantes en nuestro país. Los cínicos políticos se creen astutos, se ven impunes, se muestran arrogantes y actúan principalmente por interés propio, con discursos huecos relacionados con el bien común. El cinismo político no surge de la nada. En Bolivia es el resultado acumulado de décadas de corrupción, promesas incumplidas, desinstitucionalización y prácticas políticas de aprovechamiento de todo lo que aparece a su paso.

El término «cinismo» proviene de la antigua Grecia, donde los cínicos, como Diógenes de Sinope, desafiaban las normas sociales y la convivencia en sociedad que mandaba no tener actitudes deliberadamente tramposas. El cinismo político moderno es inherente a la corrupción, el oportunismo, la demagogia, el autoritarismo, la prebendalización, la ineficiencia, la manipulación mediática y la falta de autenticidad en la política. Ejemplos sobran en los casi 42 años de democracia que se cumplen el próximo 10 de octubre. 

En cuanto a los hechos recientes de desfachatez política —no voy a reiterar los detalles ya expuestos abundantemente— lo que hacen Evo Morales y Luis Arce, en medio de su guerra sin cuartel por el poder, no deja de asombrar. Actúan como si estuvieran descubriendo el lado oscuro del otro, ahora que son enemigos irreconciliables. Se critican y se acusan como si no se conocieran y no hubieran estado de la mano por más de 13 años ejerciendo el poder, uno como presidente y el otro como jefe del gabinete económico.

Con cinismo político, Arce responsabiliza a Morales de la dura e inédita crisis económica que hizo desaparecer los dólares de la economía nacional. Y con ese mismo grado de descaro, el cocalero-presidente-caudillo culpa a su ministro-presidente-cajero del descalabro que agobia a todo un país. Lo que no se atreven a decir ambos es qué los motivó a tomar la decisión de dejar de invertir en la exploración de petróleo y gas natural. No lo hacen porque son cómplices de haber matado a la gallina de los huevos de oro, a YPFB, como dice acertadamente Gonzalo Chávez Álvarez.

En el caso de la tragedia de los incendios forestales, están en una absurda competencia mediática para mostrar que no escatimaron esfuerzos ni recursos “para cuidar a nuestra población y a nuestro medio ambiente”. Uno recordando que en 2019 fue a combatir el fuego con mameluco y chisguete, y el otro viendo cómodamente las pantallas de un centro monitoreo de quemas inaugurado hace unos días. 

Lo que no se atreven a hacer ninguno de los dos es ordenar a sus bancadas la anulación o abrogación del paquete criminal de leyes y decretos incendiarios detallado en toda su dimensión por la periodista Mónica Briançon Messinger en su artículo de opinión Cortina de humo (https://www.datapolis.bo/opinion/cortina-de-humo-1). 

No lo hacen porque son cómplices de los avasalladores y traficantes de tierras, disfrazados de empresarios agropecuarios, que se saben impunes y que han encontrado en la devastación la oportunidad de hacer grandes negocios, incluso con los árboles calcinados porque los convierten en carbón que luego lo venden a hornos de fundición del occidente del país. 

Sin embargo, el caradurismo no es exclusivo de este par de personajes, exponentes del populismo autoritario.

En 2023, con el gobernador titular de Santa Cruz ya encarcelado en el frío penal altiplánico de Chonchocoro, los capataces de la Gobernación cruceña, entre ellos el ahora expresidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, se negaba públicamente a declarar estado de emergencia en su región por las quemas que devoraron casi 3,5 millones de hectáreas a nivel nacional, la mayoría en Santa Cruz. No vamos abrir la puerta del Gobierno Autónomo Departamental al régimen para que tome control de la institución, decía. 

Resulta que este año, Matkovic, destronado en la Asamblea Departamental, y Andrés Romero, un impresentable diputado de Creemos, sorprendido hace unos meses con un teléfono celular en sus genitales, cuando intentaba visitar a Luis Fernando Camacho en Chonchocoro, arremetieron contra la gestión de Mario Aguilera, gobernador en funciones, por no haber declarado desastre departamental con más anticipación, ante los incendios descontrolados. Cinismo político puro y duro de estos personajes del conservadurismo regional.

Pero, quien se lleva la flor es un dirigente sindical. Un mega-archi-ultra-superdescardo. El secretario ejecutivo de la COB hace más de ocho años que le juró lealtad eterna al régimen de Morales, se vendió al gobierno transitorio de Jeanine Áñez y ahora se califica como pricipal sostén de la administración de Arce. 

Apoyar a unos y otros por igual no le causa un conflicto de conciencia. Lo hace, además, comprometiendo a la Central Obrera Boliviana y a los sectores afiliados, amparado en “tesis políticas” aprobadas en congresos como la “Tesis de Tupiza” que, según otros dirigentes cobistas, autoriza al movimiento obrero someterse políticamente al actual gobierno, claro a cambio de privilegios para Juan Carlos Huarachi y la cúpula sindical aburguesada. 

La desvergüenza, la corrupción y el oportunismo han erosionado la fe en la política y han creado un caldo de cultivo para la apatía ciudadana. Cuando los ciudadanos pierden la fe en la política, pueden optar por no votar o abstenerse de participar en el debate público. Se acercan las elecciones judiciales y el abstencionismo puede hacerse sentir otra vez gracias al fenómeno del cinismo. Esto no solo debilita la democracia, sino que también perpetúa el ciclo de desconfianza y desinterés.

El descaro político también se manifiesta a través de la manipulación mediática. Con medios de comunicación vinculados a intereses políticos y económicos, la información se convierte en un recurso manipulable y genera un ambiente informativo distorsionado en el que la gente siente que no tiene acceso a información clara y veraz sobre asuntos públicos, sino a simple propaganda del poder. 

Los ciudadanos hemos aprendido a reconocer el cinismo político, ese que busca expandirse como algo inocuo y hasta jocoso en las redes sociales y las plataformas digitales. Sabemos que una vez que se instala, es difícil extirparlo, aunque no imposible. Antes de al menos tres eventos electorales consecutivos —judiciales 2024, generales 2025 y regionales 2026— comencemos a exigir muestras de integridad y responsabilidad a quienes buscarán ser elegidos como magistrados de justicia, mandatarios del Estado, y autoridades locales y departamentales. 

“Dime qué cosas efectivas harás contra la corrupción, el despilfarro y la mediocridad”, podría ser, por ejemplo, una exigencia ciudadana en tiempos de campaña a quienes buscan espacios de poder en distintos ámbitos para que sus respuestas sean mecanismos de presión, y no se conviertan en una invitación a un grado mayor cinismo político en el país.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera.