Descalificado política e institucionalmente, con escaso respaldo popular y un enorme déficit de credibilidad, el Gobierno ha optado por recurrir a la figura y la palabra del presidente para intentar reducir la incertidumbre producto de la crisis económica, mostrar que aún existe iniciativa gubernamental y enfrentar a Evo Morales, su principal enemigo. Abusar de ese mecanismo puede generar en el gran público la imagen de soledad de Luis Arce.

En el mensaje presidencial de trasnoche, el sábado 14 de septiembre a las 23:00, tras haber estado en Santa Cruz y Beni —no llegó a Pando—, cuatro meses después de comenzados los incendios forestales en las zonas amazónicas y en la Chiquitania, Arce incurrió en una contradicción en medio del ecocidio que se está perpetrando a partir de las quemas que aún persisten, salvo que haya tomado la decisión de acabar con una de las principales causas de la devastación.

“Anunciamos que otorgaremos incentivos financieros a las productoras y productores que no quemen y que produzcan de manera sostenible con el medio ambiente”, dijo a cámara el Jefe de Estado en su mensaje de 11 minutos. “Producir de manera responsable será beneficioso en nuestro país”, remató dando la buena noticia. Pero, ¿dónde radica la contradicción? Los incentivos chocan de frente contra el espíritu y el texto de la ley más incendiaria del paquete de una decena de normas atentatorias y que sigue en pie.

Se trata de la Ley 741 de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias vigente desde el 29 de septiembre de 2015, hace nueve años. ¿Y cómo se desmontan los bosques y pastizales en Bolivia? Tienes razón, con quemas aparentemente controladas que incluso cuentan con la autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras.

Los chaqueos “legales”, antecedentes directos de los incendios forestales en Bolivia, debieron haber sido retomados la segunda quincena de septiembre, pero no podrán ser activados porque se ha decretado la ampliación de la pausa ambiental y ecológica, por lo que los incentivos suenan más a una compensación económica para quienes no puedan quemar ante la vigencia del decreto antichaqueos. ¿Cuántas “productoras y productores que no quemen” tramitarán los incentivos financieros por su elevada “conciencia medioambiental”? Se aceptan apuestas.

Ronald Nostas Ardaya, expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, es conocido por sus reflexiones francas y consistentes. En un artículo de opinión publicado por Datápolis.bo y otros medios del país el miércoles 11 de septiembre, titulado Un país en llamas, recopila datos preocupantes sobre los incendios forestales. Apunta que en los últimos diez años ardieron 48 millones de hectáreas a nivel nacional. Si a ese total se suman al menos 4 millones de hectáreas arrasadas este 2024, la cifra superaría los 52 millones de hectáreas destruidas por el fuego, equivalentes o mayores en superficie que países de Europa o Centroamérica.

Además, reitera que en 2019, año de los récords incendiarios, 5,7 millones de hectáreas se consumieron a nivel nacional, entre ellas 1,5 millones de hectáreas de bosque seco chiquitano. No deja pasar que 6 millones de mamíferos de 48 especies, algunas únicas, murieron calcinados por la voracidad de los incendios. ¿Cuáles serán las cantidades este 2024? Lo mínimo que se espera del Gobierno es que no manipule los datos para relativizar la tragedia.

El evismo y su representación parlamentaria, además de las oposiciones partidarias del actual y del anterior período legislativo, también incurrieron en actitudes contradictorias y ciertamente hipócritas sobre las leyes incendiarias. En la sesión del Senado efectuada en el Salar de Uyuni, ni evistas, ni mesistas, ni camachistas alertaron que la aprobación de dos proyectos de ley abrogatorios mantenía intacta la Ley 741 de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias.

Solo un pronunciamiento público de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), puso al descubierto la acción de “falso afán” del Senado al haber aprobado ambos proyectos de ley que buscan anular cinco de diez normas incendiarias, la mayoría de ellas puestas en vigencia en el régimen de Evo Morales para favorecer a avasalladores-interculturales y grupos de agropecuarios que están dispuestos a atentar contra la biodiversidad si obtienen ganancias en el mercado de tierras.

Los oficialistas y opositores de la Cámara de Diputados deberían sancionar ambos proyectos abrogatorios para que el Ejecutivo los promulgue. Al mismo tiempo, el Legislativo debería iniciar la aprobación de otro proyecto de ley que anule la 741 y otras normas que impulsan las quemas criminales. Permíteme dudar de que todo esto suceda porque cualquiera de las versiones del masismo y las oposiciones partidarias atomizadas perderían, en distintas proporciones por supuesto, apoyo político y financiero.

Tras los juegos pirotécnicos de los anunciados incentivos económicos y los intentos abrogatorios, las leyes incendiarias, al menos la principal, parece que quedará en pie, sin que el fuego de la anulación la alcance. Los que sí acabarán achicharrados serán quienes desde la política se llenan la boca con discursos de defensa del medio ambiente, mientras se siguen desmontando terrenos con quemas que tarde o temprano se convierten en tragedia y devastación.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera