La fecha es la establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un reciente ajuste al cronograma de actividades para elegir a los magistrados. Sin embargo, está en mesa el fallo del TCP que frena los comicios en cinco regiones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este sábado al Estado boliviano a la “celebración pacífica” de las elecciones judiciales el 15 de diciembre.

La fecha es la establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un reciente ajuste al cronograma de actividades para elegir a los magistrados.

No obstante, el jueves salió a la luz un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional en el cual se declaró desiertas las elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando; en el caso del TCP, el veredicto afecta a Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

La CIDH advirtió que “la demora excesiva en la designación de personas operadoras de justicia de las más altas instancias puede dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la administración de justicia y causar afectaciones al Estado de derecho como elemento indispensable de la democracia y la vigencia de los derechos humanos”, reseña parte del pronunciamiento.

“Por lo que insta a la celebración pacífica de elecciones de autoridades judiciales previstas para el 15 de diciembre”, se añade.

En ese contexto, el organismo internacional consideró que “es indispensable que el Estado y la sociedad boliviana incorporen el diálogo como vía para superar los conflictos sociales existentes en el país, así como evitar que el clima de polarización obstruya la celebración de autoridades judiciales”.

La votación estaba programada para el 1 de diciembre, pero debido al bloqueo evista, que se extendió hasta el pasado miércoles por 24 días, la fecha se reprogramó para el 15 del mismo mes.

El Gobierno ha pedido que se cumpla con los derechos de los ciudadanos de elegir a las autoridades judiciales.

Por su lado, el TSE ha ratificado que la votación se mantiene para el 15 y anunció acciones legales para frenar el fallo del TCP.

En ese contexto, envió una ley corta al Legislativo para blindar el proceso.

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