El oficial de la Policía negó los hechos y la Fiscalía desmintió la postura del Ministerio de Educación en relación a que no conocían la denuncia. 178.500 bolivianos pagaron las víctimas.

Al menos 13 estudiantes del área rural, postulantes a la Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM), en el municipio paceño de Santiago de Huata, denunciaron que fueron víctimas de estafa por parte de una red criminal que les exigía pagos en dólares y en total les cobró 178.500 bolivianos para garantizar su ingreso a la institución. El principal denunciado es un mayor de la Policía Boliviana, exjefe de seguridad del entonces ministro de Educación Edgar Pary.

“Las víctimas son personas humildes, quienes creían que podían mejorar su vida con este tipo de estudios. Los mismos padres esperan que sus hijos se superen y dejen el trabajo en el campo para ser maestros. Para pagar los montos que les pidieron vendieron algunas pertenencias; se prestaron dinero, incluso algunos vendieron sus vacas”, afirmó el abogado Guido Calcina, parte de la defensa de los afectados.

Según los datos brindados por el abogado, en esta red criminal también participaron un estudiante y dos docentes de la ESFM de Santiago de Huata, quienes se daban a la tarea de captar a más postulantes. Llevaban a las víctimas a sectores donde no hay cámaras de seguridad, y allí los convencían para hacer los pagos.

“Me acordé que mi nuera, quien se estaba postulando para el examen de admisión a la Normal de Santiago de Huata, ya que ella en dos ocasiones no ha podido aprobar los exámenes. Como el mayor Nelson A. B. V. me dijo que tenía conocidos para acomodar a los postulantes, sin pensar dos veces me constituí al Ministerio de Educación. El mayor Nelson A. B. V.  me invitó a su oficina donde me dijo que ‘una doctora (abogada) que trabajaba directamente con el ministro de Educación (Edgar Pary) te va a ayudar para que tu nuera pueda ingresar de manera directa’”, denunció el 12 de agosto, ante la Fiscalía, el profesor Ñuflo Chachahuayna.

El afectado declaró que conoce al mayor Nelson A. B. V. desde 2021, cuando él era docente facilitador en la ESFM de Santiago de Huata y realizaba trámites para cursos de especialización en el Ministerio de Educación. Denunció al policía y a sus presuntos cómplices por legitimación de ganancias ilícitas y concusión.

“Pero (el mayor Nelson A. B. V.) me dijo que la cosa es poniendo, que me iba a costar 4.000 a 4.500 dólares, pero que le rogaría a la doctora para que rebaje a 4.000. ‘Le indicaré que tú eres mi amigo’”, dice otra parte de la denuncia del profesor. Por los datos, la supuesta estafa se fue preparando desde octubre de 2023, y el 1 de enero de 2021 el policía le dio al profesor un número de celular para que preparara los documentos de los postulantes que debían pagar en cuotas.

Estos detalles se reflejan en las capturas de pantalla, con conversaciones de WhatsApp, que presentó Chachahuayna. 

Aunque no queda claro cómo, en la denuncia se detalla que Chachahuayna hizo varios depósitos, no solo para lograr que su nuera sea admitida, sino que se hace una lista de 13 postulantes, a quienes organiza para que durante el mes de febrero de este año realicen depósitos, virtuales y en caja, a una cuenta del Banco Mercantil, a nombre de María G. F. A., una persona de la tercera edad que tendría residencia en el departamento de Santa Cruz.

A su vez, Nelson A. B. V. también declaró ante la Fiscalía, el 20 de septiembre de este año, y admitió que fue jefe de seguridad del exministro Pary, desde febrero de 2023 hasta enero de 2024, pero negó los hechos. Irónicamente, el policía pidió que se investigue al denunciante, para lo que solicitó varios requerimientos. La fiscal a cargo del caso, Magaly Bustamante, admitió el pedido.

“En ningún momento mi persona recibió dinero de este señor, tanto (ni) físicamente ni en mis cuentas”, respondió Nelson A. B. V., de forma escueta, a la pregunta que la fiscal Bustamante le hizo, sobre si recibió dinero de Chachahuayna. A continuación, el oficial dijo que quería hacer un pedido a la Fiscalía.

“Este señor reconoce haber sonsacado dinero para ingresos directos a la normal, cosa que es ilícita desde todo punto de vista”, dijo Nelson A. B. V., mayor de policía.

“En toda la denuncia esta persona (Chachahuayna) reconoce ser funcionario público del magisterio y reconoce haber sonsacado dineros para ingresos directos a la normal, cosa que es ilícita desde todo punto de vista y en la presente denuncia se me trata de inculpar de las acciones de este señor. (…) siendo que a lo largo de toda mi carrera profesional nunca me he visto involucrado en delitos”, declaró Nelson A. B. V. en la parte final, en la que añadió que cuenta con los requisitos para evitar ser enviado a la cárcel, en caso de ser imputado, como tener a su cargo a una hija de cinco años, que presenta una enfermedad.

Documentos

Visión 360 tuvo acceso al cuaderno de investigaciones de la Fiscalía, en el que se revelan detalles de una presunta red de corrupción, con al menos tres posibles autores, la que se iniciaría en el área de seguridad del Ministerio de Educación y terminaría en la supuesta participación de una asesora del exministro Pary, una mujer que vive en Santa Cruz, a nombre de quien se realizaron los depósitos.

Además del policía implicado, existen datos de la titular de una línea de celular, número del cual Chachahuayna recibía instrucciones para organizar los trámites para las víctimas.

Contradicciones

En la búsqueda de la contraparte para este reportaje, se verificaron varias contradicciones en las versiones de las autoridades consultadas y los mismos protagonistas de los hechos que investiga la Policía. Una de las principales es que, el 13 de noviembre, desde el Ministerio de Educación se negó que la denuncia haya sido de conocimiento oficial, pero que se estarían indagando los detalles, a partir de la información que circula en redes sociales y medios de comunicación.

También se aseguró que las unidades del área legal y Transparencia tomarían medidas y que no se permitiría ningún hecho delictivo, con un posible enriquecimiento ilícito.

No obstante, la fiscal Bustamante informó a este medio, el mismo día, que los representantes del Ministerio de Educación se apersonaron para hablar del caso un día antes.

Recordemos que los hechos se consuman desde octubre de 2023, los depósitos se hacen en febrero de este año y la denuncia de Chachahuayna se presentó el 12 de agosto.

En ese contexto, este medio de comunicación contactó al director del ESFM de Santiago de Huata, Víctor Ramiro Poma, quien aseguró no conocer ninguna “denuncia oficial” al respecto, pero aseveró que se está calumniando a la entidad que está a su cargo.

Es más, pidió que este medio de comunicación le proporcione los nombres de los denunciados y el número de caso en la Fiscalía, datos que se le proporcionaron, pero el director no volvió a responder a los mensajes.

Por su parte, el viceministro de Educación Superior, José Luis Gutiérrez, también negó conocer la denuncia. “Oficialmente en el Ministerio de Educación no conocemos de esta denuncia y toda aclaración se tiene que hacer por la Unidad de Comunicación”, dijo a Visión 360 el Viceministro, a cargo de quien están las normales.

La historia

Chachahuayna, un maestro del área rural, que afirma tener 30 años de experiencia, declaró que conoció al mayor Nelson A. B. V.  en 2021 mientras realizaba trámites para diferentes cursos de especialización, en el Ministerio de Educación.

El abogado Guido Calcina, de la defensa de otra parte de los afectados, señala a Chachahuayna como parte de los responsables de la estafa. En esa línea, recuerda que la versión de sus clientes es que fueron captados en la ESFM, por medio de otro estudiante y docentes que los convencieron de pagar para asegurarse un cupo.

Los datos señalan que, a excepción de Chachahuayna, nadie más conocía o tenía contacto con las personas que estaban a cargo de hacer los trámites en el Ministerio de Educación. Con esa confianza, los estudiantes se presentaron a dar los exámenes, pero se aplazaron.

No obstante, realizaron los reclamos al no ver sus nombres en las listas de admitidos. Chachahuayna transmitió las quejas de los padres de familia a la supuesta asesora del exministro Pary, con quien se comunicaba.

En el cuaderno de investigaciones figura que la mujer respondió señalando que, los 13 postulantes serían habilitados, por medio de una resolución ministerial firmada por el mismo Ministro.

En medio de todo esto, Pary fue reemplazado por Omar Veliz. La supuesta asesora aseguró que estaba en tratativas con la nueva autoridad. Sin embargo, mientras los días pasaban y en la ESFM se iniciaban las clases, los padres de familia comenzaron a reclamar la devolución del dinero.

“Pero (el mayor Nelson A. B. V. ) me dijo que la cosa es poniendo, que me iba a costar 4.000 a 4.500 dólares, pero rogaría a la doctora que rebaje a 4.000”, señaló el profesor Ñuflo Chachahuayna.

Calcina afirmó que los padres de familia pidieron préstamos, vendieron objetos de valor y hasta llegaron a vender su ganado para pagar cuotas de entre 8.000 y 14.000 bolivianos solicitadas por la red de delincuentes.

La fiscal Bustamante informó a Visión 360 que “se cuenta con las capturas de los movimientos bancarios realizados y nos encontramos a la espera de la información requerida a través de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero)”.

También mencionó que quienes pagaron las cuotas se presentaron a declarar, pero no se constituyeron en calidad de víctimas. “Los postulantes que dieron dinero para que se les ‘ayude’ a ingresar a la normal, confiando en las gestiones que el denunciante Ñuflo Chachahuayna podía hacer al interior del Ministerio de Educación”. Efectivamente una persona que colaboró con el profesor Ñuflo es docente, la persona de sexo femenino (María G. F. A.) a la que se refiere la denuncia, no figura como servidora pública.

$us 4 mil dólares llegaron a pedir a las familias para lograr que sus hijos ingresen a la normal, y que muchos creyeron y avalaron al aceptar pagar el dinero.

Los documentos señalan que la investigación se inició contra María G. F. A., porque era la única persona identificable por el destino del dinero. El 13 de septiembre, la fiscal Bustamante informó al juez del caso que ampliaría la investigación contra el mayor Nelson A. B. V.

Experto señala características para evitar estafas y extorsión

El abogado Abel Loma, ex investigador de la Policía Boliviana, explicó algunas de las características cuando personas inescrupulosas pretenden ejecutar estafas, en escenarios en los que existen padres de familia o jóvenes que pretenden ingresar a institutos de formación superior, tanto en el área de educación, como de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).

“Estas personas planifican este tipo de hechos organizados en grupos o incluso de manera individual, pero siempre tienen como característica convencer a la víctima por medio de una promesa, para lograr se les entregue una suma de dinero y luego desaparecer sin dejar rastro”, señaló Loma.

Entre algunos elementos de los cuales se valen los estafadores, está el uso de cuentas bancarias de personas de la tercera edad, puesto que estas desconocen los niveles de seguridad que se pueden vulnerar cuando prestan su identidad. Asimismo, se emplean redes sociales en las que simulan tener un tipo de vida y generan confianza en las víctimas.

Para la interacción con las víctimas los delincuentes también recurren al uso de números de celular registrados a otro nombre, para así no ser rastreados.

No obstante, para acceder a las víctimas, en estos hechos también se ven implicados funcionarios, sea de la Policía Boliviana, las FFAA o de alguna institución, quienes individualizan a las víctimas mientras buscan información y remarcan que los postulantes tendrán privilegios para su admisión, claro, siempre con el compromiso de que sean pagados.

Consultado sobre el caso denunciado recientemente, de estafa a 13 postulantes a la Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM), en el municipio paceño de Santiago de Huata, Loma consideró que, por los datos preliminares de la investigación, esta se dio a través de una red, la que se dio modos para captar y convencer a sus víctimas, simulando una serie de acciones.

El jurista recomendó a los padres de familia y jóvenes aspirantes a no recurrir a estas personas y denunciarlas. No obstante, también se recomienda lograr la mayor cantidad de datos personales de los delincuentes, para identificarlos junto a sus cómplices.

Loma fue el abogado que denunció, en 2022, al exministro de Educación Adrián Quelca, quien fue destituido, luego de ser denunciado por tráfico de las respuestas a los exámenes para los postulantes a las direcciones departamentales de educación e institutos superiores.

En esa línea, Loma observó que los exámenes de admisión a las normales tienen un grado de dificultad que no podría ser resuelto por estudiantes de cursos superiores, lo que hace que quienes buscan negociar con el ingreso a estos institutos se aprovechen de la desesperación de los postulantes y de sus familiares, que se muestran dispuestos a pagar.

“A mí me parece y sospechamos que, en el caso de las normales, los exámenes de admisión son elaborados con altos niveles de dificultad para que los estudiantes recurran a buscar ayuda. Repudiamos este tipo de actitudes y pediría que las autoridades y las instituciones encargadas elaboren exámenes más acordes al nivel educativo de los estudiantes egresados de secundaria”, manifestó el experto.

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