El Gobierno de Perú ha declarado una «emergencia ambiental» en la provincia de Talara, ubicada en la costa norte del país, tras un derrame de petróleo ocurrido desde el fin de semana. La medida, anunciada la noche del miércoles, tiene una vigencia de 90 días, durante los cuales las autoridades deberán realizar trabajos de recuperación y remediación de la zona contaminada. El derrame, detectado en la playa Las Capullanas, fue originado por la empresa estatal Petroperú y se extendió desde la refinería de Talara hasta la playa Cabo Blanco, afectando un área de entre 47 y 229 hectáreas. El volumen del crudo derramado aún no ha sido especificado, aunque algunos medios locales estiman que la cantidad es similar a un barril de petróleo.

Las labores de limpieza en las playas afectadas, especialmente en el distrito Lobitos, están casi concluidas, aunque aún queda por realizar trabajos de remediación para mitigar el impacto ambiental, especialmente en las aves y fauna marina de la zona. La población local, cuya economía depende de la pesca y el turismo, ha sufrido las consecuencias del derrame, que también ha afectado el comercio de la región. La Fiscalía de Perú ha iniciado una investigación contra Petroperú por el presunto delito de contaminación ambiental, tras encontrar evidencia de una sustancia oleosa en el mar y en la orilla de la playa Las Capullanas.

El derrame de crudo ha generado alarma, aunque su magnitud es considerablemente menor en comparación con el desastre ambiental ocurrido en enero de 2022, cuando unos 12 mil barriles de petróleo se derramaron en las costas afectando múltiples playas, islas y áreas protegidas. A pesar de que las autoridades han iniciado las tareas de limpieza, el derrame sigue siendo un desafío para la recuperación ambiental de la zona.