El gobierno argentino, liderado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, defendió la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera de Aguas Blancas, Salta, argumentando que la medida busca frenar el narcotráfico y proteger a los ciudadanos. Según Bullrich, la zona es un foco crítico para el ingreso de cocaína al país, con bandas organizadas que generan violencia. Este proyecto, parte del Plan Güemes, incluye refuerzos como 310 efectivos federales y controles adicionales en el río Bermejo y la Ruta Nacional 34.

En respuesta, el gobierno boliviano manifestó preocupación, calificando la medida de unilateral y potencialmente dañina para las relaciones bilaterales. A través de un comunicado, Bolivia reafirmó la necesidad de abordar temas fronterizos mediante el diálogo diplomático. El ministro de Justicia, César Siles, advirtió que el cerco vulnera tratados internacionales y pidió intervención de la ONU y la OEA, esperando que el presidente argentino, Javier Milei, recapacite.

A pesar del respaldo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y de sectores argentinos, el proyecto desató tensiones entre ambos países. Bolivia anunció gestiones diplomáticas para evaluar el impacto de la medida, reiterando su compromiso con soluciones consensuadas y constructivas en beneficio mutuo.