Ocho funcionarios de YPFB aprehendidos por despachar combustible irregular en la Planta de SenkataFiscalía denuncia negligencia que pone en riesgo a miles de vehículos en Bolivia
El fiscal departamental Luis Torrez confirmó este viernes la aprehensión de ocho funcionarios de la Planta de Senkata de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre ellos dos gerentes, dos supervisores y cuatro operarios, por despachar cisternas con combustible irregular. Según las investigaciones, el producto distribuido contenía exclusivamente biodiésel sin mezclar con diésel, una grave falta que podría causar daños irreparables en los motores de los vehículos.
Desde su despacho, Torrez detalló que el 6 de febrero salieron de la planta unas 14 cisternas cargadas únicamente con biodiésel, incumpliendo la normativa que establece una mezcla específica: 90% diésel y 10% biodiésel, o en términos técnicos, 95,2% diésel y 4,7% biodiésel. “Estas cisternas no cumplieron con los controles necesarios para garantizar la calidad del combustible”, afirmó el fiscal.
La denuncia surge tras reportes de varios conductores que, durante la última semana, manifestaron fallas graves en sus automotores después de cargar combustible. Esto encendió las alarmas en el Ministerio Público, que ahora trabaja en la localización de las cisternas involucradas para evitar un “gran daño” a los usuarios.
Además de la negligencia operativa, los implicados podrían enfrentar cargos por incumplimiento de deberes, comercialización ilegal, atentados contra servicios públicos, conducta antieconómica y malversación. Estos delitos reflejan, según las autoridades, una posible desidia institucional que afecta directamente a la población boliviana.
El caso ha generado preocupación en el sector transporte y automotriz, ya que el uso de biodiésel puro puede generar corrosión en los motores diseñados para funcionar con mezclas específicas. Expertos advierten que esta situación podría derivar en costosas reparaciones para los propietarios de vehículos afectados.
A pesar de las acusaciones, el Gobierno asegura que se tomarán medidas drásticas para garantizar que este tipo de irregularidades no vuelvan a ocurrir. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si existen más responsables dentro de la cadena de distribución.
Esta noticia llega en un momento crítico para YPFB, que enfrenta crecientes críticas por su gestión en los últimos años. La población exige transparencia y soluciones inmediatas para proteger el bolsillo de los consumidores y la integridad de los servicios públicos.
