Expertos y sectores sociales piden reglas claras para contratos con empresas extranjeras

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle, durante la madrugada de este viernes, el proyecto de ley del contrato de litio. Sin embargo, el tratamiento del proyecto en el pleno de la Cámara aún no tiene fecha definida, mientras crece el descontento en diversos sectores que cuestionan la falta de transparencia en los acuerdos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal Bolivia para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) advirtió que los contratos actuales carecen de reglas claras y están rodeados de opacidad, lo que ha generado conflictividad social. Alfredo Zaconeta, investigador del Cedla, afirmó que «existe conflictividad debido a la falta de transparencia en los alcances de estos contratos, ya que el Gobierno ha optado por un camino opaco en su manejo».

Para Zaconeta, es urgente que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe una ley que transparente estos acuerdos y establezca lineamientos específicos para la explotación del litio. «Desde hace tiempo se demanda una normativa específica sobre este recurso. A pesar de haber sido consensuada entre Potosí, Oruro, organizaciones y la sociedad civil, no ha sido viabilizada en la ALP. Además, se ha denunciado que el Gobierno actual modificó el proyecto inicial para responder a sus propios intereses, ignorando los principios previamente acordados», explicó.

Uno de los puntos más cuestionados es el porcentaje de regalías, fijado en un 3%, según lo establecido en la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Este porcentaje debe distribuirse de la siguiente manera: el 85% para la gobernación y el 15% para los municipios. Sin embargo, dado que el Salar de Uyuni se encuentra entre dos departamentos (Oruro y Potosí), ese 85% tendría que dividirse entre ambos, mientras que el 15% se repartiría entre al menos seis municipios. Esto reduce significativamente los ingresos tanto para las regiones como para las comunidades locales.

El Comité Cívico de Potosí (Comcipo) ya expresó su rechazo a los contratos y denunció que no hubo consenso con los sectores potosinos. Además, considera injusto el porcentaje de regalías, señalando que no refleja un beneficio equitativo para las comunidades afectadas.

«Para evitar esta confusión y falta de claridad, se debe definir mediante una ley los parámetros y las instancias responsables de negociar cualquier contrato o asociación, con reglas bien establecidas. Primero se debe discutir, consensuar y aprobar una ley del litio que garantice transparencia y justicia en la distribución de beneficios», concluyó Zaconeta.

El debate sobre el litio sigue siendo un tema sensible en Bolivia, donde las demandas de transparencia, participación ciudadana y distribución equitativa de las ganancias chocan con los intereses políticos y económicos. Mientras tanto, la aprobación del proyecto de ley en el pleno de la Cámara de Diputados se mantiene en suspenso, en medio de tensiones crecientes entre el Gobierno, las regiones y los sectores sociales.