A cuatro meses de la denuncia por trata y tráfico de personas, Evo Morales sigue sin presentarse ante la justicia, lo que ha generado controversia y recriminaciones por parte de diferentes sectores del país. La orden de aprehensión fue emitida contra el expresidente boliviano por la Fiscalía, luego de que se conociera la acusación de abuso sexual contra una menor de 15 años, quien quedó embarazada como resultado del abuso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades judiciales, Morales se ha mantenido en su bastión político en Lauca Ñ, Cochabamba, resguardado por grupos de apoyo y militantes afines, conocidos como «guardias sindicales», quienes se encargan de protegerlo y evitar su captura.

Las autoridades bolivianas, en especial el Ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, han reiterado que el principal objetivo de la investigación es esclarecer los hechos relacionados con el abuso de la menor, y han señalado que no existen dudas razonables sobre la responsabilidad de Morales en el caso. A pesar de ello, el exmandatario ha eludido la justicia, en parte gracias a la protección de sus seguidores y la posible influencia política que mantiene en ciertas regiones del país.

En medio de esta crisis legal, el padre de la víctima, Emeterio V., fue liberado el 13 de febrero tras pasar más de cuatro meses en prisión preventiva. La liberación fue un tema de debate, pues el hombre había sido encarcelado bajo la acusación de no denunciar el abuso que involucraba a su hija, mientras que la principal figura en la investigación, Morales, sigue prófugo de la justicia. Del Castillo defendió la liberación de Emeterio V., asegurando que la justicia debía centrarse en el presunto violador: Morales.

Mientras tanto, la justicia continúa en un proceso de apelación, con un juez ratificando la orden de aprehensión en contra del exmandatario, a pesar de los intentos de Morales de anular el proceso. La situación se ha convertido en un punto crítico para la administración de justicia en Bolivia, ya que muchos ciudadanos y políticos perciben que las figuras de poder, como Morales, podrían estar recibiendo un trato preferencial debido a su influencia política. Este entorno de impunidad ha alimentado críticas hacia la administración judicial y ha puesto en duda la capacidad del sistema judicial boliviano para actuar de manera imparcial.

Morales, por su parte, ha mantenido una postura desafiante ante la justicia y sus opositores, afirmando que se encuentra en su territorio, protegido por su gente, y que cualquier intento de aprehensión será resistido. Además, las bases del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que Morales lideró durante su gobierno, han anunciado que seguirán apoyando a su exlíder y están dispuestos a movilizar a miles de personas para respaldarlo, lo que podría derivar en nuevos conflictos sociales.

El senador del MAS, Leonardo Loza, y otros dirigentes del partido han señalado que Morales tiene el derecho de permanecer en su región debido a la amenaza de persecución política y han argumentado que cualquier intento de aprehensión es un ataque a la democracia. Esta postura, sin embargo, ha generado indignación en otros sectores de la sociedad boliviana, quienes piden que la justicia actúe con rigor y sin distinciones de poder.

Mientras tanto, la fiscalía continúa investigando el caso, y la presión pública sobre Morales aumenta. El fallo sobre este escandaloso caso tendrá un impacto significativo en la confianza de los bolivianos en el sistema judicial y en la gestión del actual gobierno.