Un juzgado laboral de Yapacaní emitió una orden de aprehensión contra el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en el marco de un proceso iniciado por más de 300 extrabajadores de la empresa Sabsa. La disposición, que ya es oficial, instruye su traslado a la carceleta de Buena Vista hasta que el Estado cumpla con el pago de más de Bs 55 millones en beneficios sociales. “Hoy lo estamos haciendo llegar al comando departamental de la Policía”, afirmó Alfredo Chávez, uno de los afectados.

Según el abogado José Antonio Mozza, este proceso se arrastra desde hace 14 años, cuando se nacionalizó Sabsa y el Estado pagó 23 millones de dólares a la empresa española Abertis. Indicó que, conforme al Decreto Supremo 1494, ese monto incluía pasivos laborales, por lo que el pago de la deuda a los trabajadores no afectaría al Estado. El caso se reactivó tras denuncias de incumplimiento de finiquitos, agravadas tras el cierre de Sabsa en 2022 y la creación de la estatal Naabol.

Hasta el momento, el ministro Montaño no ha respondido al requerimiento mediático sobre el mandamiento judicial en su contra. Los extrabajadores insisten en que agotaron todos los caminos legales para hacer valer sus derechos laborales, y ahora esperan que las autoridades policiales cumplan con el mandamiento judicial sin dilaciones.