La semana pasada, la jueza Lilian Moreno anuló la orden de aprehensión contra Morales y ordenó trasladar el caso del departamento de Tarija a Cochabamba.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes que la orden de aprehensión y la declaratoria de rebeldía contra el expresidente Evo Morales en el proceso de trata de personas con agravante continúan vigentes y remarcó que su ejecución está en manos de la Policía Boliviana.
“Vamos acatar lo que establece el procedimiento. Tenemos una imputación formal presentada en su momento y una declaratoria de rebeldía que dictó un juez cautelar en Tarija, lo cual, conforme a lo que ha mencionado el juez de La Paz, se mantiene vigente. Entonces, el ejecutarlo es, netamente, un trabajo de la Policía Boliviana”, explicó.
La semana pasada, la jueza Lilian Moreno anuló la orden de aprehensión contra Morales y ordenó trasladar el caso del departamento de Tarija a Cochabamba. Sin embargo, días después, un juez de La Paz ratificó la validez de las medidas dispuestas anteriormente, entre ellas la aprehensión, el arraigo migratorio y la declaratoria de rebeldía.“El Ministerio Público no puede actuar más allá de lo que la ley le permite. Hay ciertas decisiones que son exclusivamente jurisdiccionales. Conforme al artículo 279 del Código de Procedimiento Penal, nuestra obligación es dirigir la investigación”, aclaró Mariaca.
El caso se originó en octubre de 2024, cuando la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Morales por el presunto delito de trata de personas, tras una denuncia por haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien tuvo una hija, durante su mandato presidencial, según las investigaciones fiscales.
Mariaca reiteró que, mientras no exista un fallo judicial en contrario, el auto dictado en Tarija mantiene plenos efectos legales.
“La autoridad jurisdiccional de La Paz ha determinado que se mantenga vigente el auto que dictó el juez de Tarija en su momento cuando declara la rebeldía, ordena la aprehensión, el arraigo y otras más que están establecidas en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal”, precisó.
En esa misma línea, el fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, calificó de “extralimitación” la decisión de la ahora aprehendida juez Lilian Moreno de Santa Cruz de anular las actuaciones del Ministerio Público en el proceso penal contra Evo Morales por haber mantenido una relación con una menor en 2015.
“Creo que ha habido una extralimitación por parte de la señora juez (Moreno).¿Qué línea legal prudencial habrá tomado para sacar esta última resolución? esto lo sacó a raíz de una queja que habrían presentado los abogados de Evo Morales”, cuestionó Gutiérrez.
Una vez un juez de La Paz dejó en suspenso la decisión de Moreno, Gutiérrez ratificó que el caso se mantiene en Tarija y que la investigación continúa, incluyendo la imputación formal, la declaración de rebeldía y el mandamiento de aprehensión contra el dirigente cocalero.
“El Ministerio Público siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad. Y es ante esto que se presenta el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) al ver todo este manoseo de las normas por parte de la juez de Santa Cruz”, explicó.
Según Gutiérrez, la jueza cruceña emitió una resolución sin haber notificado ni a la Fiscalía Departamental ni al juez competente en Tarija, Nelson Rocabado, ni a los fiscales actualmente asignados al caso.
“Pretenden que cumplamos una resolución de la que nunca fuimos parte ni fuimos notificados. Eso es jurídicamente inadmisible”, reprochó en conferencia de prensa.
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