El Juzgado Mixto Civil y Comercial de Colcha K, en Potosí, rechazó la acción popular interpuesta por dirigentes de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, anulando así las medidas cautelares que suspendían los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas de China y Rusia. La decisión judicial permite retomar los convenios que, según normativa boliviana, requieren aval legislativo para su plena vigencia.
La resolución exhorta a la Asamblea Legislativa a elaborar y aprobar con urgencia una ley general de consulta previa, con base en la Constitución y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. La acción popular, presentada el 12 de mayo, cuestionaba la falta de consulta a comunidades indígenas antes de firmar los acuerdos con Hong Kong CBC y Uranium One Group. El dictamen deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Los contratos en cuestión prevén una inversión combinada de más de $2.000 millones en plantas que producirán hasta 49.000 toneladas anuales de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, utilizando tecnología de extracción directa. El Gobierno reiteró que la soberanía sobre el recurso está garantizada y que el Estado mantiene el control total sobre la producción y comercialización del litio.
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