Un juez envio anoche a la vocal Claudia Castro a prisión preventiva. Ella está siendo investigada por direccionar una resolución para destituir a la alta magistrada Coaquira. El Fiscal culpó a la Asamblea Legislativa por habilitarla como candidata
La Fiscalía de La Paz emitió anoche una orden de aprehensión contra el exministro de Justicia César Siles Bazán, tras ser implicado en el denominado “caso Consorcio”, una investigación que destapó una presunta red de manipulación judicial con el fin de favorecer a determinados actores del sistema de justicia, a través de presiones y uso indebido de influencias.
“En base a los últimos elementos que se han podido colectar, la comisión de fiscales ha emitido una resolución de aprehensión y un mandamiento contra esta persona”, confirmó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en referencia a Siles. La medida se produce una semana después de que se conociera la denuncia y días después de que el exministro presentara su renuncia, en medio de crecientes sospechas y rumores.
El caso se centra en un supuesto plan para destituir ilegalmente a la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, para que su suplente, Iván Campero, asuma el cargo. La declaración clave en el caso fue proporcionada por Fernando Marcelo Lea Plaza, juez mixto de Coroico, actualmente con detención preventiva en el penal de San Pedro.
En su declaración ampliada, Lea Plaza aseguró que fue presionado para emitir una resolución contra Coaquira bajo amenaza de perder su cargo. Señaló directamente a César Siles, así como al magistrado suplente Campero, la exvocal Claudia Castro y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova.
El juez relató que fue contactado por Castro en mayo y que ella no solo lo convenció de firmar una resolución redactada por terceros, sino que también le anticipó que se reuniría con el ministro Siles, el fiscal departamental y otras autoridades, quienes le darían la “orden expresa” para proceder. Detalló incluso una reunión clave realizada en una oficina del Shopping Norte de La Paz, donde le explicaron que el operativo contaba con el aval del ministro, del consejero de la Magistratura Manuel Baptista, y era de conocimiento del TSJ y del Tribunal Constitucional.
Según el testimonio, el 9 de junio se produjo el contacto con Siles, registrado en un audio filtrado que detonó el escándalo. En el registro, el entonces ministro le habría ofrecido garantías para suspender a Coaquira sin temer represalias.
En paralelo, la mañana del miércoles fue aprehendido el abogado José Ramiro Uriarte Ortiz, acusado de formar parte del consorcio y de haber patrocinado la acción constitucional que buscaba destituir a Coaquira. Fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) con el rostro cubierto y esposado.
Uriarte ya había estado involucrado en otros casos polémicos: en 2020, presentó una acción de libertad a favor de María Eugenia Choque, expresidenta del TSE, y también fue abogado del coronel Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, acusado por tráfico internacional de drogas y armas.
Además, el Ministerio Público también investiga a Óscar Antonio de la Fuente Amelunge y Sergio Edwin Sarmiento Choque por presuntos delitos de tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio judicial y falsificación de documentos. De la Fuente tiene antecedentes por extorsión y vínculos con el caso “Golpe I”, mientras que Sarmiento trabajaría como auxiliar del TDJ de La Paz y fue mencionado por Lea Plaza como uno de los conocedores del operativo.
Castro a prisión
Ayer se desarrolló también la audiencia de medidas cautelares contra Claudia Castro, considerada una figura central en la red. El Ministerio Público solicitó su detención preventiva por seis meses, pero al final de la audiencia el juez ordenó una detención preventiva por 120 días.
En este contexto, la abogada de Lea Plaza, Zuleika Lanza, dijo que no estaba de acuerdo con el fallo. Consideró que “por igualdad procesal” apelará tras considerar que Castro elaboró la resolución, siendo -en su criterio- autora material e intelectual de la resolución que provocó el escándalo.
Sobre los cuestionamientos a la documentación presentada por la magistrada Fanny Coaquira para su habilitación como candidata, el fiscal general Mariaca aclaró que esa responsabilidad recaía en las comisiones de la Asamblea Legislativa. “Ellos eran el filtro y si no cumplieron su labor, eso no le incumbe al Ministerio Público”, enfatizó, al tiempo de defender que Coaquira fue legítimamente elegida por voto popular en La Paz, a pesar de la ausencia o probable dolo en la presentación de los requisitos para ser elegida.
El caso sigue en desarrollo y, según fuentes de la investigación, no se descarta la emisión de nuevas órdenes de aprehensión.
///EL DEBER////
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