Factores económicos y administrativos amenazan la viabilidad de las empresas del sector de la construcción y la continuidad de proyectos de infraestructura en el país. Así lo advierte la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco). La situación es particularmente grave en regiones como Santa Cruz, donde el 70% de las empresas constructoras se encuentran sin trabajo.
Desde Caboco señalaron como principal problema la demora en la cancelación de planillas por parte de entidades públicas, lo que provoca iliquidez, incumplimiento de compromisos y hasta retrasos en el pago de impuestos.
A ello se suma una alta presión tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales, con fallas crónicas en el sistema SIAT que derivan en multas, además de un incremento sin precedentes en los costos de materiales, equipos y maquinaria.
Desde el sector observan la aplicación del Decreto Supremo 5321, que buscaba reactivar la inversión pública con reajustes de precios, pero su ejecución –según el gremio– quedó frenada por trabas burocráticas y falta de recursos en las entidades estatales.
Otros factores mencionados son la escasez de combustible, que retrasa el transporte de insumos, y la falta de divisas, que complica la importación de materiales y equipos.“El conjunto de estos desafíos no solo afecta a las empresas constructoras, sino que pone en riesgo la continuidad de proyectos estratégicos para el desarrollo económico y social de Bolivia”, advirtió la entidad.
Según datos del Centro de Estudios Económicos y Desarrollo (CEED), entre el 60% y el 70% de los insumos utilizados en la construcción son importados, lo que encarece los costos en el sector.
Actividad paralizada
Javier Arze, gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), advirtió que la actividad está paralizada en gran parte del país y que muchas empresas enfrentan el riesgo de quebrar.
El ejecutivo explicó que la situación fue analizada recientemente en La Paz, donde las nueve cámaras departamentales afiliadas a Caboco expusieron problemas comunes. En el caso de Santa Cruz, la crisis se concentra en la falta de pago de planillas de la Alcaldía cruceña, que adeuda más de Bs 1.000 millones y mantiene más de 30 obras paralizadas.
El dirigente recordó que esta morosidad, genera un “hueco” en la economía de las empresas, que deben emitir facturas y pagar impuestos, sin recibir el dinero.
Agregó que la crisis responde a una combinación de factores: atraso en el pago de planillas, especialmente de gobiernos municipales; escasez de diésel y encarecimiento del dólar, lo que incrementó el costo de insumos nacionales como el cemento y la pintura; y licitaciones con precios desactualizados, que no cubren los costos reales de construcción.
“Hoy entrar a una licitación es un suicidio financiero. Las condiciones no permiten culminar los proyectos. El 70% de nuestras empresas está sin trabajo, y muchas sobreviven como subcontratistas”, sostuvo Arze en entrevista con el programa Dinero 360.
De acuerdo con Cadecocruz, la falta de liquidez está obligando a las empresas a endeudarse con el sistema financiero o acogerse a planes de pago con el fisco por facturas emitidas pero no canceladas.
Por eso el sector exigió al Gobierno ampliar y flexibilizar los decretos supremos que permiten reajustar precios por incremento de insumos, ya que actualmente solo contemplan algunos materiales importados y no incluyen los nacionales.
Arze remarcó que la construcción no busca subsidios, sino reglas claras y condiciones justas para trabajar. “Todos queremos seguir construyendo, pero no podemos hacerlo con precios irreales y deudas impagas”, afirmó.
La falta de soluciones, alertó que podría provocar el colapso de decenas de empresas constructoras. Según Arze, muchas firmas ya optan por convertirse en subcontratistas, mientras que otras se ven obligadas a abandonar proyectos por inviabilidad económica.
No hay deudas
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó que el Gobierno no tiene deudas pendientes con las empresas constructoras por planillas de pago y destacó que ya se emitieron decretos supremos para actualizar precios de materiales en los contratos estatales.
“Se han aprobado más de dos decretos supremos para que los materiales empleados en las obras puedan equipararse con los costos de ferreterías e importadoras. Hemos sido claros en señalar que seguiremos tomando acciones importantes para que nuestros contratistas puedan seguir trabajando”, declaró la autoridad.
Montaño aseguró que las planillas de pago están siendo canceladas de manera regular. “No tenemos ninguna información de que alguna empresa tenga uno o dos pagos pendientes. Hemos estado entregando los recursos económicos correspondientes y queremos realizar todas las entregas posibles antes de concluir nuestra gestión”, afirmó.
En medio de posiciones contrapuestas, la construcción se mantiene en un punto crítico: si no se concretan soluciones inmediatas, la crisis puede traducirse en la paralización de proyectos estratégicos y la pérdida masiva de empleos en todo el país.
///EL DEBER///
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