El exdirigente alertó que los productores de coca podrían enfrentar perjuicios directos en la comercialización de la hoja, como ocurrió en décadas previas. Recordó que existen antecedentes críticos con muertos y perseguidos en referencia al periodo del Plan Dignidad, ejecutado a finales de los años 90.

La posibilidad del retorno de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a Bolivia generó controversia en el sector de los cocaleros. César Apaza, exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), cuestionó a la dirigencia de los cocaleros y legisladores por expresarse a favor y con ligereza, sin evaluar los antecedentes históricos de la intervención estadounidense en la región.

Apaza criticó especialmente a autoridades que afirmaron que “no hay miedo, que venga la DEA” sin haber realizado un estudio serio ni un análisis profundo sobre los riesgos. Mencionó incluso al diputado cocalero y exdirigente de Adepcoca, Armin Lluta, a quien acusó de desconocer los antecedentes de violencia y represión vinculados a la presencia de la agencia estadounidense en décadas pasadas.

El exdirigente lamentó que se haya opinado sin haber socializado el tema con los socios de base de Adepcoca. “No se ha preguntado al productor, cuando justamente el productor será el afectado”, afirmó en contacto con ANF, reprochando que se haya tomado una postura oficial sin escuchar a quienes sostienen la economía cocalera tradicional.

En ese sentido, Apaza advirtió que la llegada de la DEA no sería simbólica ni diplomática. “La DEA no viene a pasear, no viene de vacaciones ni de excursión”, afirmó.
Rechazó también la idea de que su presencia estaría dirigida solo contra Evo Morales, asegurando que “vendrán por las zonas excedentarias y, lo peor, por la zona originaria ancestral”.

El exdirigente alertó que los productores de coca podrían enfrentar perjuicios directos en la comercialización de la hoja, como ocurrió en décadas previas. Recordó que existen antecedentes críticos con muertos y perseguidos en referencia al periodo del Plan Dignidad, ejecutado a finales de los años 90.

Ante este escenario, Apaza planteó que los propios socios deben reaccionar y convocar a una asamblea regional para analizar los riesgos y evaluar la actuación del Gobierno de Rodrigo Paz.

Anunció que en diciembre se llevará adelante la asamblea “magna” de los Yungas, donde se definirá una postura colectiva, incluso respecto a la eventual instalación de bases militares.

En contraste, la postura del exdirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, se ubica en el ala más abierta al ingreso de la agencia estadounidense. Asegura que “quien no hace nada, nada teme” y por ello no ve razones para rechazar su retorno, siempre que se establezcan condiciones claras.

Uría subrayó que Bolivia no puede permitir el ingreso de “gente de afuera” sin obtener algo a cambio. Considera indispensable fijar límites y mecanismos de control bolivianos sobre cualquier operación de la DEA. “Hay que poner las condiciones”, afirmó.

A pesar de su apertura, Uría recalca que la intervención debe concentrarse en el Chapare, región que califica como el epicentro del narcotráfico en Bolivia.

Una visión similar compartió Daynor Choque, representante de Adepcoca, aunque desde otra perspectiva. Choque asegura que en los Yungas “no hay temor” ante el eventual retorno de la DEA, porque la producción de coca en la región es legal y está sujeta a estrictos controles. “Nuestra coca va a la comercialización y pasa por los puestos de control”, afirmó.

En su momento, el expresidente Evo Morales rechazó el retorno de la DEA. Recordó que la Constitución Política prohíbe la presencia de “extranjeros armados” en territorio boliviano y propuso un referendo nacional para que el pueblo decida. Morales acusó además a la agencia de haberse “apropiado del negocio” del narcotráfico durante su permanencia en Bolivia.

Expertos en el tema como el sociólogo Tupaj García y el investigador Roger Cortez advirtieran que la presencia de la DEA en otros países no ha logrado reducir la producción de coca, sino que, por el contrario, ha impulsado su expansión. García afirmó que allí donde opera la agencia se genera un desplazamiento territorial que fomenta nuevas dinámicas del narcotráfico.

El sociólogo recordó que Bolivia ya vivió una etapa particularmente dolorosa entre 1997 y 2001, durante el Plan Dignidad, cuando murieron 35 personas y se registraron denuncias de torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias. Señaló que este historial de violaciones de derechos humanos debería ser central en cualquier discusión sobre su retorno.

Para García y Cortez, la intervención de la DEA no solo representa riesgos para la producción tradicional de coca, sino también para la soberanía, la seguridad interna y la estabilidad social. Ambos alertan que una estrategia externa podría intensificar la presión política y abrir espacios para estructuras criminales más sofisticadas.

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