El fin de la mayor crisis judicial de los últimos años estalló este martes 25 de noviembre, cuando la Sala Constitucional Primera de Potosí ordenó el cese inmediato de los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, casi en paralelo, un juzgado de Santa Cruz dispuso su aprehensión. La decisión se produjo tras una audiencia de más de ocho horas y puso fin a un periodo de presión judicial, ciudadana e institucional que creció al compás del rechazo nacional a la autoprórroga de un mandato que debió concluir en diciembre de 2023.

Con el cese y las órdenes de captura, se cumple una demanda extendida entre los bolivianos y se abre una ventana de esperanza para un cambio inmediato en la administración de justicia.

Los vocales potosinos Ronald Baldivieso Flores y Lourdes Choque Condori resolvieron ade-más la suspensión de salarios y la custodia inmediata para retirar a los cuestionados magistrados de sus oficinas.

La acción popular fue presentada por Sandra Beatriz Aiza Soto contra Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas, quienes extendieron por cuenta propia su mandato hasta este martes.

La demanda incluso alcanzó al presidente Rodrigo Paz Pereira, al vicepresidente Edmand Lara, a tres ministros y a todos los legisladores recién posesionados, bajo el argumento de haber permitido -mediante acción u omisión- que personas “que usurpan funciones” continúen utilizando recursos del Estado.

Aiza pidió el cese de sueldos, el desalojo inmediato de oficinas del TCP, la reparación del daño económico causado al impedir la realización de elecciones judiciales en los nueve departamentos y la remisión del caso al Ministerio Público para procesos por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Órdenes de aprehensión

Mientras eso pasaba en Potosí, desde Santa Cruz, el Juzgado Público Mixto en materia Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal 1º de La Guardia, ordenó la aprehensión de cuatro de los magistrados denunciados por autoprorrogarse en sus cargos (Hurtado, Espada, Cornejo y Gallardo), dentro de una segunda acción popular presentada en el departamento cruceño, interpuesta por el abogado Olibar Coronado Pardo.

La ex magistrada Isidora Jiménez habría presentado su renuncia en las últimas horas y por ello no fue incluida.

La determinación fue emitida por el juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, quien instruyó a “cualquier funcionario policial ejecutar la aprehensión y trasladar a los implicados al Módulo Policial de La Guardia”, para luego ponerlos a disposición del juzgado.

En plena crisis, se conoció que los “autoprorrogados” aprobaron el Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025-0, que fijaba su salida recién diez días después. Sin embargo, la sala potosina determinó que su cese debía ser inmediato, dejando sin efecto cualquier intento de prolongar su permanencia.

El fallo final otorgó la tutela solicitada y dispuso: notificar al TCP, SENAPI y DAF para cortar el uso de bienes del Estado; suspender, desde el 26 de noviembre, cualquier notificación emanada por los magistrados cesados para evitar fraudes posteriores; exhortar a la Asamblea Legislativa y al presidente Paz a elaborar un marco normativo que permita sesionar al TCP con los magistrados electos en 2024; cubrir con urgencia las acefalías en el TSJ y el TCP.

Intento de blindaje

El lunes 24, los “autoprorrogados” emitieron un polémico auto constitucional que prohibía a las salas constitucionales dictar fallos en su contra. La medida buscaba declarar improcedentes las acciones dirigidas a cuestionar su permanencia e instruía que se remita antecedentes al Ministerio Público si algún juez desobedecía la determinación.

La reacción institucional fue inmediata. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, denunció que los magistrados pretendían “atemorizar” a jueces y tribunales del país con una “ficticia complementación” de una resolución previa. “Bolivia no se arrodilla ante usurpadores”, advirtió, asegurando la independencia judicial.

El TSJ reforzó esa postura mediante un comunicado en el que calificó el auto de los “autoprorrogados” como un intento de amedrentamiento, recordando que todos los jueces tienen plena competencia para admitir y resolver acciones tutelares y que ninguna autoridad jurisdiccional puede ser amenazada por ejercer sus funciones.

Mientras la crisis avanzaba, los magistrados legalmente elegidos en 2024 -Amalia Laura Villca, Paola Prudencio Candia, Edson Ángel Dávalos Rojas y Boris Arias López- instalaron una sesión de Sala Plena y asumieron el control del TCP. A las 8:30, Prudencio fue posesionada como nueva presidenta, marcando el inicio de una nueva etapa institucional.

Al cierre de esta edición, circulaba información sobre la posible aprehensión del ex presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, aunque no se pudo corroborar de manera oficial.

EL DEBER