El Gobierno anticipa cooperación antidroga de EEUU a partir de enero de 2026, cuando se reanuden relaciones nivel de embajadores

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira anunció un cambio estructural en la política antidroga de Bolivia, con un nuevo enfoque para medir, transparentar y reducir los cultivos ilegales de hoja de coca, fortalecer la erradicación y la interdicción, y reinsertar al país en los mecanismos internacionales de cooperación, incluida una agenda activa con Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas para frenar el avance del crimen organizado.

El giro fue presentado tras la explicación a periodistas del Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que revela que la superficie cultivada alcanzó 34.000 hectáreas, un 10% más que en 2023, y confirma una sobreproducción excedentaria que alimenta directamente al narcotráfico.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció que las cifras evidencian una permisividad estatal en el pasado inmediato, producto de una política centrada casi exclusivamente en la interdicción y no en el control estructural de los cultivos.

“Estos datos demuestran con claridad la permisividad que hubo en el pasado en la erradicación de cultivos de coca. Hoy el Gobierno asume este problema de frente, sin discursos negacionistas y sin soluciones simplistas”, afirmó Oviedo durante la charla informativa con periodistas que tuvo lugar este martes en La Paz.

El ministro subrayó que el actual Gobierno descarta políticas radicales y aisladas, y apuesta por un enfoque integral, que combine erradicación prioritaria, interdicción al narcotráfico, fortalecimiento del sistema judicial y cooperación internacional.

“No se trata de erradicar por erradicar. Ya estuvimos ahí. El desafío es cómo enfrentamos esta tarea de manera integral y sostenible”, sostuvo.
Nueva forma de medir la coca ilegal

Uno de los cambios centrales es la incorporación de nuevos indicadores en el informe de la Unodc, ausentes durante más de una década. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, explicó que el Gobierno solicitó explícitamente que el estudio incluya datos sobre el potencial de producción de cocaína, el volumen de hoja de coca que no ingresa a mercados legales, la coca que ingresa legalmente, pero es desviada a actividades ilícitas, así como la expansión de cultivos en zonas autorizadas y no autorizadas

El informe revela que, si toda la hoja de coca producida en 2024 se destinara a fines ilícitos, el potencial máximo de producción de cocaína sería de 394 toneladas métricas. Incluso excluyendo la coca comercializada legalmente, el potencial alcanza 223 toneladas métricas.

En el caso del Trópico de Cochabamba (Chapare), el informe es aún más contundente:el 91,5% de las 37.215 toneladas métricas de hoja de coca producidas en 2024 tuvo como destino el mercado ilegal.
“Sabemos que la coca del Chapare no va al acullico, va al narcotráfico”, afirmó Justiniano.

Erradicación vuelve al centro de la estrategia

El viceministro anunció que la erradicación de cultivos ilegales recupera un sitial fundamental dentro de la política antidroga, al mismo nivel estratégico que la interdicción.

“La erradicación actúa sobre la causa del problema: la sobreproducción excedentaria de coca. Bolivia tiene más coca de la que necesitapara usos tradicionales”, sostuvo.
Justiniano recordó que un estudio de mercado de 2013 estableció que el consumo lícito requería 14.705 hectáreas, pero que en 2017 el Gobierno de Evo Morales amplió la superficie legal a 22.000 hectáreas, decisión que —dijo— desbordó el sistema bajo un paraguas legal funcional al narcotráfico.

Por ello, el Gobierno solicitó a Naciones Unidas y la Unión Europea apoyo para realizar un nuevo estudio de mercado, que defina con precisión cuánta coca necesita Bolivia para usos legales y permita ajustar el marco normativo.

Cooperación internacional

En paralelo, Oviedo anunció que desde enero Bolivia iniciará una agenda intensa de cooperación con Estados Unidos, enfocada en narcotráfico, terrorismo, control migratorio y crimen transnacional.
“El delito es transnacional y el combate tiene que darse en ese mismo marco. No puedes combatir el narcotráfico aislándote del mundo”, afirmó el ministro.

Indicó que ya se sostuvieron reuniones con la Unión Europea, Naciones Unidas, y agencias policiales de Brasil, y que se prevé la llegada depersonal especializado en lucha contra las drogas. El objetivo es alinear a Bolivia con los avances científicos y tecnológicos de las policías del exterior.

Oviedo lamentó que durante el anterior Gobierno el país haya estado en una “absoluta desconexión” con los organismos internacionales, lo que debilitó la capacidad estatal para enfrentar redes criminales.

Transparencia y quiebre institucional

El Gobierno también denunció que la difusión del informe de la Unodc fue retrasada deliberadamente en gestiones anteriores para ocultar datos sensibles. Justiniano afirmó que durante el Gobierno de Luis Arce se impuso un manejo hermético y restrictivo de la información.

“El anterior Gobierno no quería que se conozcan algunas cifras. Hoy eso cambia”, sostuvo.

Aclaró que la postergación del informe en la actual gestión tuvo un objetivo opuesto: ampliar y transparentar los datos, incorporando indicadores clave que no se publicaban desde 2009.

El coordinador regional de la Unodc, Leonardo Correa, confirmó que se atendió el pedido del Ejecutivo boliviano y explicó que la elaboración del informe enfrenta también dificultades técnicas y sociales, especialmente en la recopilación de información georreferenciada.

Una nueva hoja de ruta

El canciller Fernando Aramayo afirmó que Bolivia enfrenta “uno de los desafíos más complejos de su historia reciente” y que el informe confirma la existencia de una estructura criminal enquistada durante dos décadas, sostenida por aislamiento internacional.

Con un mercado que mueve cerca de $us 2.000 millones anuales, principalmente en la Unión Europea, donde el kilo de cocaína alcanza los $us 90.000, el Estado —dijo— está obligado a actuar de inmediato.

“Este informe no es solo un diagnóstico. Es una hoja de ruta que nos convoca a actuar para desmontar 20 años de un narcoestado y recuperar la institucionalidad”, concluyó Aramayo.

Con la publicación del informe 2024 y el relanzamiento de la cooperación internacional, el Gobierno de Paz Pereira busca marcar un punto de quiebre en la política antidrogas, reinstalando la erradicación, la transparencia y la corresponsabilidad internacional como pilares de una estrategia integral contra el crimen organizado.
\\El Deber//