A seis días de la promulgación del Decreto Supremo 5503, el Gobierno informó que alcanzó acuerdos con varios sectores sociales y productivos, entre ellos los mineros, el transporte pesado, las juntas vecinales y otros.


El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano, habló sobre los avances en el diálogo con distintos sectores.

– ¿Cómo evalúa la reacción de la ciudadanía, de los sectores y el rol del Gobierno ante los focos de crisis que se les abrieron después del decreto?
La nueva realidad que nos toca vivir implica cambios profundos en la estructura organizativa de la economía del país, y aunque son transformaciones complejas, eran necesarias. No era posible continuar con prácticas marcadas por la mentira, la corrupción y un Estado tranca. Por ello, el presidente dispuso el desplazamiento de los distintos ministros a todos los departamentos, con el objetivo de dialogar directamente con los sectores y explicar las medidas adoptadas. 


En ese marco, dialogar con los sectores también significa comprender las realidades de cómo se aplican estas nuevas medidas en sus actividades económicas. Se ha conversado con todos y hay sectores que han logrado entender que esta realidad debe asumirse; pero también que no debe convertirse en una oportunidad para generar especulación, sino más bien para estar del lado de la población, como lo está el Gobierno nacional.


En este contexto, los distintos sectores han reaccionado de manera diferente y es necesario decirlo con claridad. Existen sectores que, lamentablemente, tienen afanes políticos, donde persisten actores vinculados a viejas prácticas de corrupción, lo que dificulta avanzar. No obstante, incluso en esos espacios hay personas con las que se puede dialogar y encontrar un enfoque humano, indispensable en todas las actividades económicas, para evitar que la población, especialmente la más vulnerable, se vea afectada por intereses personales, corporativos o, peor aún, políticos.


Hay sectores del transporte urbano con los que se está avanzando en el diálogo, ya que comprenden los elementos mencionados. Asimismo, el sector productivo ha reiterado su posición que siempre dijo: que el diésel más caro es el que no hay.

– ¿Cómo ve la evolución de las medidas dispuestas en el decreto? 
Hay que entender que las medidas son dolorosas y que todos tendremos que asumir el costo de 20 años de despilfarro y de mentiras. La población ya sabía que se iba a dar algún tipo de ajuste; sin embargo, incluso desde el Gobierno no se dimensionaba al inicio qué tan duro podía ser. El ajuste se aplicó en función de la necesidad y fue una intervención mayor, pero necesaria, porque todo el sistema estaba deteriorado.


No se realizó ninguna acción que estuviera fuera de lo que se precisaba; pero también entendiendo que las medidas tendrían un alto impacto económico. Por ello, se trabajó en medidas paliativas que, de una u otra forma, dan soporte a la población, especialmente a la más vulnerable.


—El transporte urbano ya lleva adelante un paro y anuncia medidas más contundentes. 
Soy un firme creyente de que podrá llegar a un acuerdo, dialogando con los sectores que son conscientes de que se debe trabajar para generar un lucro justo, sin caer en la especulación ni en el aprovechamiento, que sí existen. Al margen de los intereses políticos y de aquellas personas que, dentro de las dirigencias sindicales buscan posicionarse como nuevas opciones políticas, hay gente que quiere ser concejal, alcalde o asambleísta, que es otro interés político que se suma en este momento. Estas decisiones no podían postergarse por cálculos políticos; las (medidas) debían tomarse. 


En las reuniones iniciales con el transporte urbano de Santa Cruz se detectó que algunas de sus propuestas eran inconsistentes y alejadas de la realidad, buscando un alto grado de especulación, como querer cobrar Bs 4,40, cuando la tarifa actual es de Bs 2,30.


Es importante considerar que la mayoría de los micros en Santa Cruz funcionan con diésel; otra parte utiliza gasolina y otra, gas. De estos, el gas fue el combustible que menos incremento registró. Sin embargo, la propuesta del sector pretendía aplicarse como si todos los vehículos operaran con diésel, lo cual no es correcto. Con la tarifa de Bs 3 se logra un mejor margen de ganancia en los vehículos a gasolina y gas. En el caso del diésel, se requiere un trabajo más puntual, que contemple desde cambios en la matriz energética hasta algún grado de compensación.


En cuanto a la estructura de costos, en los micros que funcionan con diésel la incidencia (de la eliminación de la subvención) es mayor, entre el 30% y 40%, mientras que en los vehículos a gas y gasolina es considerablemente menor, oscila entre el 20% y 28%. Con base en estos cálculos, se planteó que, en promedio, la tarifa podría situarse en Bs 3.


– ¿Nos puede dar detalles de los temas con los que llegaron a un acuerdo con el sector productivo? 
El compromiso con el sector productivo, en lo personal, es claramente una de mis prioridades. Y no me refiero únicamente al sector productivo cruceño, sino al sector productivo nacional.
El sector productivo ha sido extremadamente relegado por decisiones de carácter político, pese a que se conoce cómo funciona el sistema productivo de Bolivia. Eso fue parte de lo que conversamos, con el objetivo de poder trabajarlo de manera conjunta.

– ¿Se cerrarán las empresas estatales deficitarias en las que cada vez se descubren más actos de corrupción? 
Eso fue un asalto, una mentira y otra vez ocuparon el mismo libreto y el mismo discurso. Hay empresas que tienen desembolsos del 100%, del 80%, del 90%, pero avances del 10, 12, 18 o 20.
Son distintas instancias de corrupción, donde ha habido sobreprecio, plata la cual se pagó y empresas que no se hicieron. Hay otras que están funcionando, pero en la gran mayoría se detectaron actos de corrupción.

EL DEBER