Expertos advierten que Bolivia aún no cuenta con una ley de protección de datos lo que deja vacíos regulatorios importantes mientras se habilita la operación de internet satelital con Starlink, OneWeb y Amazon Leo

El Decreto Supremo 5509 abre oficialmente el mercado boliviano al internet satelital, permitiendo que empresas como Starlink, OneWeb y Amazon Leo operen en el país; sin embargo, aunque la medida promete mayor velocidad y cobertura en zonas urbanas y rurales, expertos advierten que los servicios serán costosos para la mayoría de los hogares y que todavía existen vacíos regulatorios importantes, especialmente en la fiscalización, el manejo de datos y la protección de la privacidad de los usuarios.
“Hoy vamos a hablar de futuro. El Gobierno y el Gabinete estamos aprobando el Decreto 5509, un decreto trascendental destinado a ampliar la cobertura de internet, reducir la brecha digital y garantizar el acceso universal a la conectividad para todos los bolivianos, sin distinción de lugar, distancia o condición social”, afirmó el presidente Rodrigo Paz.
Según el mandatario, la norma permitirá contar con “internet real, accesible, funcional y permanente”, al abrir el mercado a operadores de alcance global y tecnología satelital de última generación.
Sin embargo, expertos señalan que, pese a la promesa de mayor velocidad y cobertura, el acceso no será igual para todos. La investigadora de la Fundación Internet Bolivia, Eliana Quiroz, explicó que los satélites de órbita baja como los que utiliza Starlink son capaces de llegar a zonas urbanas, rurales y montañosas, algo que la fibra óptica todavía no logra cubrir de manera eficiente, aunque advirtió que los costos son un factor limitante. 
“Tienen un costo relativamente alto; el servicio puede llegar incluso a costar entre 250 y 400 dólares mensuales, adicionalmente al módem, que se paga una sola vez.
No se sabe muy bien el precio. Entonces, no todo el mundo puede pagar eso, peor en zonas rurales”, explicó. 
Según Quiroz, el verdadero beneficio de estos servicios podría llegar primero a municipios, escuelas, centros de salud y otras instituciones, especialmente si reciben apoyo del Estado. 
Asimismo, el oficial de Economía Digital de la Fundación Internet Bolivia, Hugo Miranda,   señaló para muchas familias rurales el pago del servicio de internet resulta inaccesible, incluso con la fibra óptica ya instalada en sus municipios.
“Acá el problema es el tema de los dólares, porque te suscribes a Starlink te cobra en dólares, tendrías que pagar al paralelo con el tema de criptomonedas y demás y habría que ver si esto lo pueden pagar en las poblaciones rurales. Entel llega con fibra óptica al municipio, pero el problema es que las personas en el área rural no tienen la capacidad de pagarle los 100 o 120 bolivianos”, manifestó.
Costos
El acceso a internet satelital a través de Starlink implica costos significativos. En mercados internacionales, el servicio residencial estándar se encuentra entre 110 y 120 dólares mensuales, mientras que el equipo necesario —antena y terminal— tiene un costo único de aproximadamente 599 dólares. 
Algunos planes más económicos, como el “Residential Lite”, rondan los 50 dólares al mes, aunque ofrecen velocidades más bajas y un nivel de servicio más limitado. Para usuarios empresariales, los planes pueden superar los 250 dólares mensuales, con equipos más robustos y mayor capacidad de conectividad.
En cuanto a OneWeb, la compañía se enfoca principalmente en clientes corporativos, institucionales o soluciones mayoristas, por lo que no existen precios públicos para usuarios residenciales. Estimaciones previas del sector sugieren que sus tarifas empresariales podrían superar los 1000 dólares al mes, dependiendo del acuerdo comercial y del nivel de servicio requerido. Los precios finales dependen de la reventa por socios locales o integradores.
Amazon Leo aún no ha anunciado precios oficiales para usuarios individuales, pues el servicio está en fase de implementación global y comercialización.

Vacíos regulatorios

Los especialistas coinciden en que aún el Gobierno no establece de manera concreta cómo se regulará su funcionamiento en Bolivia, dejando vacíos importantes en varios ámbitos. Según Quiroz no hay claridad sobre quién tendrá acceso a los datos de las comunicaciones, cómo se podrán usar ni si los contratos garantizarán la protección de la información de los usuarios.
“La infraestructura de Internet es una infraestructura crítica y debería, idealmente, estar regulada por normas y por leyes bolivianas y ninguna de estas empresas va a estar regulada de esa forma. Está regulada por las leyes del país en el que están basadas. Y esa es una de las cosas que habría que trabajar un poco mejor con el Gobierno”, enfatizó.
De la misma forma Miranda advierte que la fiscalización dependerá de la reglamentación que emita la ATT, la cual debe definir cómo supervisar a estas compañías extranjeras y asegurar que cumplan con las normas nacionales de protección de datos. 
“El tema de la soberanía de datos, básicamente le estaríamos dando todos nuestros datos a Elon Musk y habrá que ver eso, cómo es que el Estado boliviano aplica su normativa, en estos momentos no tenemos una ley de protección de datos. Vamos a ver si el estado boliviano tiene la capacidad de fiscalizar estos servicios, dentro de 30 días cuando salga la reglamentación de la ATT”, manifestó

////EL DEBER///