La disposición judicial marca 17 resoluciones. Las distintas partes deben presentar las pruebas requeridas para que en 30 días se resuelva la causa de fondo 

La resolución 06/2026 del juzgado Agroambiental de Entre Ríos dispuso este viernes la suspensión de las actividades de la empresa Petrobras en el pozo Domo Oso X3 en la comunidad de Tariquía, en el departamento de Tarija. La disposición incluye otras 16 resoluciones para que, en el plazo de 30 días, se presenten las pruebas.

“Disponer con carácter inicial, preventivo y precautorio, la medida cautelar ambiental de paralización temporal de actividades correspondiente al ‘proyecto de perforación exploratoria pozo Domo Oso x-3, bloque exploratorio San Telmo norte, provincia O’Connor del departamento de Tarija’, medida cautelar provisional que se dispone por un plazo de 30 días calendario”, señala la resolución publicada por la Defensoría del Pueblo.

El 6 de enero la empresa petrolera Petrobras ingresó a la reserva de Tariquía. La custodia de policías acrecentó la molestia de los comunarios y dio paso a un nuevo conflicto por la explotación de gas y petróleo. Ahora el Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya acudió a la justicia agroambiental para detener los trabajos que se realizan dentro de la reserva.

La resolución judicial señala que en el lapso de los 30 días, todas las partes deben presentar sus pruebas para detentar propiedad o pedido de impedimento para la exploración petrolera. Luego de esos alegatos, señala la resolución firmada por el juez Clever Osorio, se tomará una decisión de fondo.

La demanda fue presentada contra Mauricio Medinaceli Monroy, ministro de Hidrocarburos, José Fernando Romero Pinto, ministro de Planificación del Desarrollo, José Ernesto Ávila Antelo, viceministro de Medio Ambiente; Yussef Akli Flores, presidente de YPFB; mientras que también aparece como “litisconsorte pasivo” la empresa Petrobras.

Las comunidades indígenas están como “terceras interesadas” y se convocó a 11 dirigentes indígenas de otras tantas comunidades que serían las directamente afectadas con las actividades petroleras.

El tribunal agroambiental pidió al ministerio de Hidrocarburos toda la documentación que acredita la explotación petrolera y al parlamento todos los antecedentes del contrato de explotación petrolera, San Telmo Norte.

El voluminoso fallo de 30 hojas contempla las 17 resoluciones que deben cumplir los dirigentes y las autoridades involucrados en el caso Tariquía que se presenta como un conflicto no resuelto en el actual Gobierno.

///EL DEBER////