El sector de la construcción en Bolivia atraviesa uno de sus momentos más críticos debido al alza descontrolada de los materiales y a una deuda pública que alcanza aproximadamente los Bs 1.200 millones. Advierte sobre un colapso financiero y exige un reajuste de precios y de plazos para garantizar la continuidad de las obras públicas.

“En diferentes departamentos los más deudores son las gobernaciones y las alcaldías. Lo mismo de la Unidad de Proyectos Especiales del Gobierno (UPRE). Más o menos a nivel nacional estamos hablando de una deuda pública hacia el sector de la construcción de cerca de Bs 1.200 millones”, informó el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Pascual Velásquez.

El representante de los ingenieros señaló que la Cámara Departamental de Constructores (Cadecocruz) de Santa Cruz indicó que la deuda con la alcaldía cruceña es de cerca a Bs 300 millones y que la UPRE tiene una deuda de al menos Bs 250 millones con el sector. Asimismo remarcó que las deudas con los gobierno subnacionales datan incluso de hace cuatro años y con el Gobierno central de hace siete meses.

Al respecto, el director de UPRE, Enrique Bruno Camacho, reconoció la deuda que la unidad estatal con el sector constructor, aunque atribuyó la situación a decisiones políticas e irresponsables de la administración de Luis Arce, por la aprobación de proyectos sin contar con liquidez.

“Fue irresponsable el Gobierno anterior que empezó a dar proyectos sin tener la liquidez necesaria y es una irresponsabilidad administrativa de finanzas y en la misma UPRE, que empezó a tomar decisiones por política, por salida y dejar un problema”, señaló Bruno e indicó que en la UPRE se detectó una deuda de aproximadamente Bs 400 millones.

Alza de materiales

El presidente de la Cámara de la Construcción de La Paz, Jaime Del Llano, señaló que la crisis se arrastra desde el año pasado y se profundizó con el retiro de la subvención a los combustibles y la falta de control en el mercado de materiales.

“Estamos en estado de emergencia. Desde el año pasado recibimos el golpe del incremento de todos los materiales, hay una subida indiscriminada que llega hasta en el 100%, y necesitamos que se regule el mercado, control del precio de materiales, esto nos inviabiliza continuar con las construcciones”, manifestó.

El sector en protesta citó como ejemplo que el cemento pasó de costar Bs 46 a Bs 80 o Bs 90, y que la arena y la grava subieron de Bs 120 a Bs 220. “Entendemos que hay una desproporción en la subida de materiales, en 30% y 50% pero no debería exceder el 100%. Se está parando casi el 100% de las empresas”, remarcó Del Llano.

Reajuste de precios y plazos

Para enfrentar la crisis, el sector constructor propone un Decreto Supremo con medidas excepcionales para garantizar el equilibrio económico de los contratos de obra pública y la continuidad de los proyectos en ejecución.

La iniciativa contempla el reajuste automático de precios de todos los contratos, tomando en cuenta las variaciones de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria, con una actualización mensual.

Además, se plantea la extensión automática de los plazos de obra ante situaciones como escasez de insumos, conflictos sociales, condiciones climáticas adversas o retrasos en modificaciones contractuales, así como la posibilidad de realizar modificaciones contractuales flexibles, incluyendo la reducción de volúmenes de obra, cuando la ejecución total no sea viable.

La propuesta también contempla la creación de un fondo de compensación, administrado por el Ministerio de Economía, para proteger la inversión en proyectos públicos.

Al respecto el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que el Gobierno mantiene el diálogo con el sector y se comprometió a gestionar las propuestas ante el Ministerio de Economía.

“Me he reunido con la Caboco (Cámara Boliviana de Construcción). Más allá de que el Ministerio de Obras Públicas es ejecutor, me comprometí a gestionar las reuniones con Economía, que es donde se deben analizar estos decretos”, indicó.

EL DEBER