El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que una primera denuncia, por el sobreprecio con el que se compró el terreno y luego se construyó el edificio de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en Tarija, reveló también una red de corrupción familiar, entre altos exfuncionarios de esa entidad, con empresarios constructores.

Se estima un daño económico al Estado de Bs 10 millones, por una obra que llegó a costar Bs 27 millones. Se compró un terreno y se realizaron construcciones con sobreprecio, indica la denuncia.

“Como Viceministerio de Transparencia estamos recibiendo mucha información adicional que revelaría conexiones entre altas autoridades de la Aduana, de la anterior gestión, con (representantes de las) empresas privadas, incluso con vínculos de parentesco y familiares. La información que estamos recibiendo la estamos procesando, sistematizando, y con seguridad se ampliará la investigación en el curso de los siguientes días”, afirmó ayer el viceministro García.

La revelación la hizo luego de confirmar que la Fiscalía admitió la denuncia que se presentó contra la expresidenta de la Aduana, Karina Serrudo, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Además, también fueron denunciadas otras dos personas, representantes de la Sociedad Accidental Guadalquivir y de la empresa que vendió un terreno en la ciudad de Tarija.

EL DEBER llamó y escribió mensajes a la expresidenta de la Aduana, para conocer su versión sobre este caso, además también se buscó el contacto por medio de quienes fueron parte del equipo de trabajo de Serrudo, como su asistente personal, pero ninguno atendió las consultas.

De acuerdo a la explicación del viceministro, el hecho delictivo inició en febrero de 2017, cuando se licitó la “compra de un terreno para la construcción de un recinto para Aduana Interior, en Tarija”. Los documentos revelan que se lanzaron tres licitaciones y que las dos primeras quedaron anuladas y en la tercera se adjudicó el contrato a un postulante que ofertaba un terreno a Bs 2.760.000.

Dicha adjudicación, se convirtió en una primera irregularidad, debido a que otro proponente ofertó otro terreno, pero a un precio mucho menor, Bs 1.800.000.

Una segunda irregularidad tiene que ver con el costo de la construcción. Según García, luego de hacer una comparación de mercado, se estableció que el metro cuadrado de construcción en esa zona costaba $us 300, pero la empresa cobró $us 1.000.

La autoridad remarcó que, si bien la denuncia se presentó contra Serrudo y otras dos personas, la investigación se ampliará a quienes fueron parte de la Unidad Solicitante, la Comisión de Calificación y los funcionarios del área legal y de supervisión, que estaban a cargo de transparentar este proceso de licitación y construcción de dichas oficinas.

Entre las irregularidades también se tiene que el terreno que se compró con el presunto sobreprecio, no tenía los documentos saneados. El contrato establecía que el vendedor debía entregar los documentos en 25 días, pero en este caso, los documentos de propiedad demoraron dos años en ser saneados.

Hay que recordar que este proceso cuestionado, inició en la gestión del gerente regional de la Aduana Tarija, Roberto Castellanos Zenteno, de la gestión del Gobierno de Evo Morales. Karina Liliana Serrudo Miranda, fue posesionada en noviembre de 2020, por el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

García señaló que gracias a una serie de medidas, se logró colectar más información y estiman que los actos de corrupción implican a altos exejecutivos de esa gestión, quienes beneficiaron a empresarios y familiares, para la adjudicación de contratos de construcción y otros.

EL DEBER