Delcy Rodríguez impulsa una amnistía que abarcaría a los detenidos desde 1999, excluyendo delitos graves, y plantea transformar El Helicoide en un espacio social, mientras la oposición y las ONG exigen justicia para las víctimas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este viernes una propuesta de ley de amnistía general para “sanar las heridas” derivadas de años de confrontación política. La iniciativa, que abarcaría desde 1999 hasta hoy, contempla beneficiar a los presos políticos detenidos durante los gobiernos del chavismo.
Durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez instruyó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz a introducir “en las próximas horas” el texto ante la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, y brindar toda la colaboración al Parlamento para agilizar su aprobación.
“Que sea una ley que permita reparar las heridas provocadas por la confrontación política, la violencia y el extremismo; que reoriente la justicia en nuestro país y favorezca la convivencia entre los venezolanos”, señaló. La dirigente oficialista precisó que la amnistía no alcanzará a acusados o condenados por homicidio, delitos de narcotráfico ni violaciones de derechos humanos.
Asimismo, habría pedido transformar El Helicoide en un espacio social y deportivo. Se trata de uno de los grandes símbolos de represión del régimen, un edificio inconcluso de los años cincuenta concebido inicialmente como centro comercial, que terminó albergando dependencias del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El lugar ha sido denunciado por opositores y activistas de derechos humanos como centro de “torturas”, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela documentó casos de torturas y abusos, señalamientos rechazados por el Gobierno.
El anuncio se produce semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Ejecutivo a cargo de Rodríguez mantiene acercamientos, exigiera el cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana. Aunque Rodríguez aseguró que el plan estaba ya aprobado por Nicolás Maduro antes de ser secuestrado por soldados estadounidenses, se trata de una decisión que sólo puede explicarse gracias a las presiones ejercidas desde Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró esta semana que exigen a Caracas informes diarios y que están controlando incluso los presupuestos.
España anima a que entre en vigor «con rapidez»
El Gobierno español ha celebrado este sábado la declaración en Venezuela de una ley de amnistía general anunciada por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y expresado su deseo de que entre en vigor con celeridad.
En este contexto, «el Gobierno de España da la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela de una ley de amnistía general en el país desde 1999 hasta la actualidad», según un comunicado publicado este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
«España anima a que la ley se concrete con rapidez», ha añadido Exteriores, antes de declarar que «España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa».
Presión de EEUU
La dirigente opositora María Corina Machado atribuyó la propuesta de amnistía a la “presión real” de Estados Unidos y expresó su expectativa de que se materialice.
“No es algo que el régimen haya decidido voluntariamente, sino el resultado de la presión ejercida por el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó durante la charla ‘Hablemos de Venezuela’ con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Colombia.
Machado, premio nobel de la paz 2025, sostuvo que en el país petrolero “el aparato represivo del régimen es brutal” y “ha respondido a los intereses de múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”.
Agregó que en Venezuela “hay presos políticos con 23 años en prisión”, como tres exmiembros de la Policía Metropolitana, y denunció que otros han sido “desaparecidos”. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.
El fin de la represión
Diputados opositores celebraron el anuncio y pidieron que el instrumento legal marque el fin definitivo de la “represión” y la “persecución”. Henrique Capriles calificó en X la amnistía como un “paso necesario y muy importante” para el país que desea “la gran mayoría de los venezolanos”.A su juicio, la ley y el cierre de El Helicoide apelan “a la conciencia del país” y devuelven esperanza a “miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución”.
En la misma línea, el diputado Stalin González consideró que la propuesta abre una nueva etapa para la “convivencia democrática”, pidió que sea amplia, garantice la libertad de todos los presos políticos y que la “clausura física” de El Helicoide “trascienda para poner fin a la represión y a la persecución”.
La ONG Provea subrayó que los presos políticos han sido detenidos arbitrariamente y advirtió que no corresponde al Estado “perdonar”, sino que “los responsables de graves crímenes” deben “pedir perdón a las víctimas y a la sociedad” y rendir cuentas ante la Justicia por los abusos.
Familiares de presos políticos en Venezuela expresaron sentirse “esperanzados” ante el anuncio. “Esperamos que nuestros familiares puedan acceder a los beneficios que se están planteando (…) Seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror”, dijo a EFE Mariglys Guzmán, desde las afueras del calabozo policial de Zona 7 de la PNB, en el este de Caracas.
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