Esta semana cumplirá dos meses en prisión, justo la mitad del tiempo que debería permanecer en el penal de Obrajes de La Paz para que la Fiscalía la acuse formalmente y sea sometida a un juicio. La exdiputada Lidia Patty habló con EL DEBER sobre su caso. Se trata de un proceso vinculado con el millonario desfalco del Fondo Indígena que no avanza. Otro de los acusados, entre otros, es el expresidente Luis Arce, quien también está detenido, pero en el panóptico de San Pedro.   

“El técnico nos pedía 100.000 bolivianos”, afirma Patty, cuyo nombre cobró notoriedad como denunciante del gobernador Luis Fernando Camacho. Según su versión, un asesor técnico comenzó a exigirles recursos para viabilizar un proyecto financiado por los recursos de la renta petrolera que administró el Fondo Indígena en la era del MAS en el poder.

“A otros hermanos (ese técnico) les pedía hasta 200.000 bolivianos por los proyectos que se entregaron a las Bartolinas”, continía para referirse a la organización aliada del anterior gobierno que tuvo cuotas de poder.

Patty sostiene que denunció esos hechos ante la Fiscalía y ante dos integrantes del directorio del Fondo Indígena: Elvira Parra y Felipa Huanca. Pero, según su relato, la reacción fue el silencio y la presión. “Nos han hecho callar. Felipa Huanca nos ha perseguido y nos ha obligado a disculparnos con ese hombre”, asegura la exdirigente de las Mujeres Bartolina Sisa, quien fue enviada a prisión el 7 de diciembre.

No se trata, dice, de una acusación improvisada para su defensa. El 5 de diciembre de 2025, el día de su aprehensión, Patty presentó ante el Ministerio Público una copia de una denuncia de 2012 (caso 7811/2012), tramitada entonces por la fiscal Teresa Vera. En ese expediente figura la acusación que ella y otros dirigentes formularon contra el propietario de una empresa constructora, el “técnico” que —según su versión— les exigía un pago adicional para elaborar y hacer aprobar un proyecto de carpas solares destinadas al cultivo de tomate en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra (La Paz), proyecto que la dirigencia presentó como propio.

A ese antecedente se refirió Patty cuando, en una de sus salidas de la cárcel, declaró a los periodistas: “Esas cosas, en su momento, hasta al Ministerio Público hice conocer. Si ellos no han hecho la investigación, si no se han apersonado a mi caso, eso no es mi problema”.

En 2012 la Fiscalía rechazó investigar esa denuncia por falta de pruebas. Fue uno de los primeros indicios de las irregularidades que un año después estallarían en el escándalo del millonario desfalco al Fondo Indígena, uno de los mayores casos de corrupción durante el gobierno de Evo Morales.

EL DEBER buscó la versión de Felipa Huanca, exdirigente de las Bartolinas y excónsul de Bolivia en Perú, mencionada en estas denuncias. Se le realizaron llamadas y se enviaron mensajes, pero no hubo respuesta. Eso sí, se sabe que la exdirigenta buscó residencia en Perú tras la elección de agosto.

De cónsul a reclusa

En el patio de visitas del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, Lidia Patty viste igual que cuando era diputada del MAS (2014-2020) o cuando ejercía funciones consulares en La Plata, Argentina, cargo que ocupó hasta el 26 de noviembre de 2025. Una manta de colores, pollera, tocado en la cabeza y abarcas.

“Cuando he llegado, me han aplaudido, me abrazaron, me recibieron bien. Querían hacerme un espacio para dormir. La gente me conoce y sabe que estoy aquí por venganza política”, dice. Egresada de Derecho de la Universidad Tecnológica Boliviana, hoy duerme en un área común del penal.

Reconoce que el español no es su lengua materna y que se expresa con dificultad. Cuenta que, antes de volver al país, algunas personas le sugirieron quedarse en Brasil o México. Lo conversó con su esposo —albañil de oficio— y con sus hijos, ya mayores y profesionales. “Como familia dijimos que esto iba a pasar tarde o temprano. No me iba a escapar. Aquí estoy”, relata.

Mientras habla, otras internas se acercan para pedirle monedas para comprar galletas. Patty sonríe, saca una moneda del bolsillo y las entrega. Luego pide, casi en susurro, que le permitan terminar la conversación con su visita.

Denuncia sin investigación

La versión de la excónsul aporta detalles sobre el funcionamiento de las irregularidades en el Fondo Indígena desde 2009. Pero, en el proceso actual, la Fiscalía logró su encarcelamiento por hechos distintos, sustentados en 37 actos investigativos, entre ellos una auditoría interna que detectó graves anomalías en el proyecto por el cual se le depositaron Bs 669.876.

Para Héctor Castellón, abogado del fallecido exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, lo relatado por Patty encaja en uno de los tres “modus operandi” del desfalco. Recuerda que Aramayo —desde 2014 hasta poco antes de morir en la cárcel, en abril de 2022— apuntó como responsables a los 39 miembros del directorio del Fondo Indígena, entre ellos Elvira Parra y Daniel Zapata; a dirigentes del Pacto de Unidad como Felipa Huanca, Ever Choquehuanca y Juanita Ancieta, y a las entonces autoridades Nemesia Achacollo (Desarrollo Rural) y Luis Arce (Economía), a quienes acusó de haber sido protegidos por Evo Morales.

“Aramayo lo decía sin rodeos: ‘En el Fondo Indígena se parapetaron dirigentillos que están robando a su gente’. Denunció que asesores de los miembros del directorio cobraban por hacer aprobar proyectos: ‘Le están robando a su propia gente’. Lo dijo en una reunión del Directorio en 2013, en presencia de Achacollo y Arce. Eso le costó la vida”, dice Castellón.

Achacollo está a las puertas de enfrentar un primer juicio por irregularidades en 153 proyectos observados y, recientemente, la Fiscalía decidió incluirla también en el caso de Patty. Arce, por su parte, se encuentra recluido por haber autorizado en 2010 el depósito de recursos públicos en la cuenta personal de la exdirigente. Un acta del directorio del Fondo Indígena de 2009 ya advertía que ese procedimiento era ilegal. Fue imputado por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Rechazo

En su declaración informativa, Patty responsabilizó a la fiscal Teresa Vera por el cierre del primer caso, bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes. Ante ella se presentó la denuncia contra Ariel Alberto Marina Mercado, gerente general de la empresa Consultin Building Training (CTB), a quien Patty identifica como el “técnico” que los extorsionó.

Según su versión, el empresario figuró ante el Fondo Indígena como contratista del proyecto que la organización de Patty presentó como propio. Recibió recursos para ejecutar la obra, que finalmente no fue concluida. “Yo le dije: ‘Hermano, ¿cómo nos vas a pedir plata si de la obra ya vas a ganar?’. Pero él quería que le paguemos siempre, y eso no estaba en el presupuesto. Nosotras no podíamos estar yendo cada rato desde nuestras comunidades, era un gasto. Por eso algunos dirigentes se retiraron del proyecto”, relata. Y se defiende: “No he cometido ningún acto de corrupción. Mi familia me educó con valores para trabajar y no robar”.

Patty sostiene que, tras la denuncia de 2012, Felipa Huanca —entonces líder de las Bartolinas— hostigó a su comisión hasta obligarlos a retractarse públicamente. El acuerdo, según su relato, era que el empresario retirara una denuncia por difamación y calumnias contra el grupo de Patty, y que ellas pidieran disculpas en una conferencia de prensa en la plaza Murillo.

“Mis hijos eran pequeños, tenía miedo de ir a la cárcel solo por denunciar. Después supimos que él retiró la denuncia en la Fiscalía, pero nosotras ya no dimos la conferencia. Apagamos los celulares, dejamos de salir de la comunidad un tiempo. Desde entonces nos persiguieron, no nos dejaron terminar el proyecto, lo observaron y nunca nos dieron el segundo desembolso. Por eso se armó todo este problema”, afirma para cerrar la conversación con EL DEBER.