Diputados de oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de ejercer control legislativo, pero sin convertir el conflicto por la gasolina en una confrontación política.

El cruce verbal entre el vicepresidente Edmand Lara, el ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli y el presidente de YPFB, Yussef Akly, generó reacciones divididas en la Asamblea Legislativa, donde legisladores de distintas fuerzas pidieron fiscalización, pero sin escalar el conflicto.

Desde el PDC, la diputada Katherine Pinto afirmó que la intervención de Lara entorpeció el diálogo con la dirigencia del transporte en medio de las denuncias por la mala calidad de la gasolina. Señaló que existen mecanismos formales de fiscalización y que estos deben aplicarse con base en informes técnicos y coordinación con el pleno.

En tanto, la diputada Lissa Claros, de Libre, sostuvo que el debate debe centrarse en garantizar las prerrogativas de fiscalización, aunque cuestionó la forma en que el vicepresidente increpó a las autoridades. A su juicio, se debe ejercer control sin protagonismos y con responsabilidad institucional.

Por su parte, el diputado Litner Butrón (APB Súmate) recordó que la interpelación es un derecho constitucional de la Asamblea, pero advirtió que no debe convertirse en una “guerra política”. Planteó además la necesidad de aclarar vacíos legales para evitar interpretaciones contradictorias y exigió información clara sobre la calidad del combustible.

El diputado Alejandro Medinaceli (PDC) señaló que, por ahora, lo formal es la convocatoria a la sesión de interpelación y que corresponde esperar la posición oficial del Ejecutivo, que ya anticipó que el ministro no asistirá.

La controversia se originó cuando Lara increpó a Medinaceli y a Akly por los presuntos daños a vehículos y cuestionó la permanencia de cisternas en inmediaciones de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz. El intercambio elevó la tensión política en torno a la gestión del sector hidrocarburos y abrió un nuevo debate sobre los límites y alcances de la fiscalización legislativa.