La admisión de una acción de inconstitucionalidad deja en pausa la Ley 387 y devuelve, de forma provisional, la matrícula y el control ético a los colegios departamentales
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió de manera provisional la tuición del Gobierno central sobre el registro y la matriculación de abogados, tras admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía. Desde el 26 de febrero, la oficina estatal que administraba el sistema dejó de funcionar y los nuevos profesionales deberán registrarse en los colegios departamentales.
La decisión está contenida en el Auto Constitucional 0634/2025, mediante el cual la Comisión de Admisión del TCP dio curso al recurso presentado el 24 de octubre de 2025 por el exdiputado José Carlos Gutiérrez. En cumplimiento de la medida cautelar, la Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía (SAJ-RPA) suspendió el funcionamiento del registro público bajo administración gubernamental.
Suspensión de artículos y decretos
El fallo dispone la suspensión provisional de al menos 15 artículos de la Ley 387, además de los decretos reglamentarios 1760, 4690 y 4896, cuestionados por presunta vulneración de varios artículos de la Constitución Política del Estado.
Con esta determinación, los colegios de abogados de los nueve departamentos y el Colegio Nacional de Abogados (Conalab) recuperan temporalmente la potestad de otorgar matrícula profesional y administrar el registro. Asimismo, quedan sin efecto provisional los tribunales de ética que dependían del entonces Ministerio de Justicia.
Contexto político e institucional
La Ley 387 fue promulgada el 9 de julio de 2013 por el entonces presidente Evo Morales, otorgando al Ministerio de Justicia amplias atribuciones sobre el control y registro de la abogacía.
El escenario cambió el 21 de noviembre de 2025, cuando el presidente Rodrigo Paz dispuso el cierre del Ministerio de Justicia con el argumento de evitar injerencia política en el sistema judicial. Varias de sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de la Presidencia.
Reacciones del gremio
El abogado constitucionalista Israel Quino sostuvo que el fallo “reivindica la institucionalidad de los colegios de abogados”, al retirar del poder político la administración del registro profesional.
En la misma línea, el exmagistrado del TCP Marco Antonio Baldivieso calificó la decisión como “correcta y coherente”, al considerar que devuelve autonomía al gremio mientras se resuelve el fondo del proceso.
Baldivieso recordó que los intentos de control estatal se remontan a 2009 con el Decreto 100, que también fue declarado inconstitucional tras una acción promovida por Conalab.
Por su parte, el exdiputado Gutiérrez pidió que el TCP emita una sentencia definitiva que consolide el retorno de competencias a los colegios departamentales y planteó modernizar el registro mediante un sistema de ciudadanía digital para garantizar transparencia y responsabilidad profesional.
Mientras el TCP analiza el fondo de la demanda, la medida cautelar marca un punto de inflexión en un debate que se arrastra desde hace más de una década sobre la autonomía del ejercicio de la abogacía en Bolivia.
