El incremento del precio de la plata y el estaño atrae a nuevos mineros, mientras aumentan los accidentes y muertes en el histórico yacimiento.

Impulsados por los altos precios internacionales de los metales, jóvenes bolivianos ingresan cada vez más a trabajar en el Cerro Rico de Potosí, una de las minas de plata más emblemáticas del mundo ubicada en Potosí, donde los riesgos laborales y las muertes en los socavones continúan en aumento.

Uno de ellos es Efraín Villaca, de 28 años, quien cada día se adentra en los túneles de esta montaña de 4.800 metros de altura para extraer minerales como plata, estaño, zinc y plomo.

El cerro, que fue motor económico del imperio español durante la colonia y que hoy está declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, llegó a producir durante un siglo cerca de la mitad de la plata del mundo.

Sin embargo, el trabajo continúa siendo altamente peligroso. Villaca relató que en una ocasión estuvo a punto de morir tras intoxicarse con gases dentro de la mina. Casos como este no son aislados: entre enero y febrero de este año al menos 32 mineros murieron en el departamento, según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Auge de precios

El atractivo económico está detrás del aumento de trabajadores en el yacimiento. La plata, clave para industrias vinculadas a la transición energética, se cotizaba por debajo de 20 dólares la onza en 2022. Actualmente ronda los 87 dólares y llegó a superar los 120 debido a la incertidumbre geopolítica global.

Los ingresos pueden alcanzar los 1.000 dólares mensuales, más del doble del salario mínimo en Bolivia, que ronda los 470 dólares.

La demanda internacional también impulsa el precio del estaño, que se ha triplicado en los últimos cuatro años debido al requerimiento de las multinacionales tecnológicas para la fabricación de semiconductores.

Según el Ministerio de Minería de Bolivia, China es el principal comprador de plata boliviana, con más de 532 millones de dólares en exportaciones en 2024. El estaño se dirige principalmente a Países Bajos, mientras que el zinc tiene como destino Japón.

Riesgos y precariedad

La abogada Jackeline Alarcón, representante de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, explicó que el incremento de precios ha atraído a muchos jóvenes a la minería, lo que también ha elevado el número de accidentes.

En 2022 se registraron 77 muertes en actividades mineras, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 123.

“Potosí es el lugar con más muertes en trabajo minero de Bolivia y posiblemente de Sudamérica «está deshumanizándose”, advirtió.

Actualmente el Cerro Rico de Potosí es explotado por decenas de cooperativas mineras. En todo el país existen alrededor de 1.700 cooperativas que controlan el 58% de la producción minera nacional.

El investigador Héctor Córdova explicó que, debido a los altos precios, muchos socios de cooperativas contratan trabajadores para realizar las labores en su lugar, una práctica ilegal que deja a los obreros sin seguro médico ni condiciones adecuadas de seguridad.

“Al ser ilegales, no tienen atención médica ni seguros. La seguridad industrial es muy precaria, están en un nivel casi de esclavitud”, sostuvo.

Juventud en riesgo

En los túneles, los mineros trabajan las 24 horas en turnos continuos. Muchos mastican hojas de coca para soportar el cansancio y algunos consumen alcohol puro de 96 grados. La mayoría no utiliza equipos de protección más allá de un casco.

“Entramos bien, pero no sabemos si vamos a salir bien o mal”, relató el minero Efraín Limache, de 24 años, quien afirma haber visto morir a dos compañeros dentro de la mina.

En el Hospital Bracamonte de Potosí, la médica Giovanna Zamorano confirmó que en los últimos meses ha aumentado la llegada de mineros accidentados.

“Son novatos y a raíz de eso hay muchos decesos”, señaló la especialista, quien incluso ha atendido a menores de edad heridos en las minas.

Ante esta situación, el ministro de Minería Marco Calderón anunció que el Gobierno impulsará programas de capacitación para cooperativistas con el objetivo de reducir accidentes.

Para defensores de derechos humanos, el desafío es mayor: preservar el patrimonio histórico del Cerro Rico de Potosí sin que la explotación minera continúe cobrando vidas.