La estatal investiga una red de negociados que habría causado millonarias pérdidas al Estado y apunta a exautoridades y exdirectivos.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, se trasladó a Asunción, en Paraguay, acompañado de un equipo multidisciplinario de auditores y abogados para realizar una inspección directa a las oficinas de la empresa Botrading, investigada por presuntas irregularidades y daños económicos al Estado.
La acción forma parte de un proceso de reestructuración dentro de la estatal petrolera boliviana, que incluye la revisión de operaciones vinculadas con la empresa Botrading, señalada por su presunta participación en una red de corrupción que habría generado millonarias pérdidas para el país.
Desde la capital paraguaya, Akly confirmó que encabezó personalmente la inspección para revisar documentos, cuentas bancarias y registros administrativos de la compañía, la cual es investigada por presuntamente operar al margen de la normativa boliviana con el objetivo de desviar recursos estatales.
“Por primera vez se conoce dónde operaba esta empresa y desde dónde se realizaban negociados que por tantos años perjudicaron al país. Estamos haciendo todo el relevamiento de información”, afirmó la autoridad, según un boletín de la Dirección de Comunicación de YPFB.
De acuerdo con el titular de la petrolera estatal, Botrading fue constituida fuera de Bolivia con el fin de evadir los procedimientos de contratación establecidos por YPFB.
Akly explicó que una de las irregularidades detectadas está relacionada con el mecanismo de pago en la compra de combustibles. Mientras los contratos habituales de YPFB contemplan plazos de pago de hasta 120 días, en el caso de Botrading las operaciones se realizaban al contado.
“La diferencia tiene que ver con la forma de pago. Compraban combustibles al contado, entregaban el producto y se pagaba el mismo día. En nuestros contratos habituales los pagos tienen plazos de hasta 120 días, lo que genera un diferencial financiero importante”, detalló.
Según la autoridad, ese diferencial habría sido utilizado en beneficio de la empresa intermediaria, generando ganancias indebidas. El monto total del daño económico aún se encuentra en proceso de cuantificación.
La investigación involucra a más de 30 personas, entre ellas exautoridades, directores y expresidentes de gestiones anteriores, quienes presuntamente habrían utilizado a la empresa estatal como un “botín político”.
Akly también informó que YPFB atraviesa un proceso de reestructuración institucional que ya derivó en la desvinculación de más de 400 funcionarios acusados de filtrar información y participar en actos de sabotaje interno.
“Durante años la empresa fue mal utilizada. Queremos gente técnica, proba y comprometida con la reconstrucción de YPFB”, sostuvo.
Según reportes preliminares, la empresa estatal heredó una deuda de aproximadamente 900 millones de dólares con proveedores internacionales de hidrocarburos. No obstante, el presidente de YPFB aseguró que esta situación está siendo regularizada mediante gestiones diplomáticas y comerciales para restablecer la confianza de los suministradores.
