El gobierno del presidente José Antonio Kast anunció reformas migratorias más estrictas en Chile, aunque garantizó que los migrantes irregulares seguirán accediendo a salud y educación.
La administración chilena impulsa una serie de modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería con el objetivo de reforzar el control fronterizo y combatir el ingreso irregular al país, en el marco de una agenda más amplia de seguridad.
El ministro de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que, pese a las restricciones previstas en beneficios sociales, el acceso a servicios básicos como educación y atención sanitaria no será modificado.
Entre las principales medidas se encuentra la tipificación del ingreso irregular como delito, así como la limitación para que extranjeros en situación irregular puedan acceder a programas sociales del Estado.
El Ejecutivo otorgó urgencia legislativa a una veintena de proyectos vinculados a seguridad, migración y crimen organizado, varios de los cuales ya estaban en discusión en el Congreso.
En el plano regional, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, descartó que estas medidas afecten la relación bilateral recientemente reactivada entre ambos países.
Aramayo señaló que Bolivia actuará bajo el principio de buena fe y consideró que acciones como la construcción de zanjas en la frontera responden a decisiones soberanas de Chile, aunque deberán ser abordadas mediante el diálogo.
Asimismo, indicó que estas medidas podrían contribuir a frenar delitos transnacionales como el robo de vehículos, problema que también impacta a Bolivia.
El Gobierno boliviano prevé presentar su propia estrategia para consolidarse como un “vecino seguro”, en un intento por fortalecer la cooperación bilateral y reducir percepciones negativas en materia de seguridad fronteriza.
