Por: Mariel Rivero

La transparencia en el manejo de recursos públicos es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Cuando surgen denuncias que apuntan a posibles beneficios económicos desde el poder político, no solo se pone en duda la ética de una autoridad, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas de fiscalizar y garantizar el uso correcto del dinero de todos los ciudadanos. Ese es el escenario que hoy rodea a la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

Una investigación periodística describe una serie de hechos que, ordenados cronológicamente, dibujan una trama que involucra la creación de una fundación, la obtención de licencias radiales en varias ciudades del país y la posterior recepción de contratos de publicidad estatal por montos significativos.

Más allá de las posiciones políticas, lo que está en juego es un principio básico: si el poder público fue utilizado para construir un negocio mediático financiado con recursos del Estado.

El origen: una fundación que nace en el poder
La cronología comienza cuando Alcón es designada Viceministra de Comunicación durante la gestión del presidente Luis Arce Catacora.

Según la denuncia, en ese periodo se gestiona la personería jurídica de la Fundación en Comunicación Libertad y Democracia (FCLD), creada junto a colaboradores de su entorno comunicacional, entre ellos Sandra Castro, Enrique Pomar, Isabel Terrazas, Carmen Maldonado y «funcionarios» del ahora extinto Viceministerio de Comunicación que no figuraban en planillas Pero si recibían jugosos sueldos provenientes de aportes públicos.

Inicialmente, la organización fue registrada como una fundación sin fines de lucro, una figura jurídica destinada a proyectos de carácter social, educativo o cultural. Sin embargo, el proceso no terminaría ahí.

El cambio de figura jurídica

El segundo episodio que genera cuestionamientos es la modificación de la naturaleza de la fundación.

De acuerdo con la información difundida, la organización habría pasado de una estructura sin fines de lucro a una figura que permite operaciones comerciales, lo que en la práctica habilita actividades empresariales vinculadas al sector de la comunicación.

El problema no es únicamente administrativo. El punto crítico es que este cambio habría ocurrido mientras Alcón ejercía un cargo público de alto nivel, lo que abre el debate sobre un posible conflicto de intereses.

Las licencias radiales

El siguiente paso de la cronología conduce a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Según la denuncia, la fundación vinculada a Alcón logró obtener seis licencias de radio bajo la marca “Onda Colectiva”, con presencia en: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí.

Este punto plantea una interrogante central.
Debido a la gran cantidad de solicitudes, la asignación de frecuencias radiales suele realizarse mediante sorteos, y el acceso a nuevas licencias suele ser limitado.
Por ello surge una pregunta que hasta ahora no tiene una explicación pública clara: ¿cómo una misma organización logró obtener cuatro frecuencias radiales en distintos departamentos?
Publicidad estatal y contratos millonarios.

El último capítulo de esta trama aparece en los registros de contratación con instituciones públicas.

Según la documentación mencionada en la denuncia, la fundación vinculada a las radios «Onda Colectiva » habría firmado contratos publicitarios con empresas e instituciones del Estado, entre ellas la estatal YPFB.
Las cifras mencionadas superan los 650.000 bolivianos en pautas publicitarias, mientras que otras instituciones habrían contratado montos considerablemente menores.

Este aspecto vuelve a abrir un debate recurrente en Bolivia: la distribución de la publicidad estatal.
Cuando los recursos públicos destinados a comunicación se concentran en determinados medios, inevitablemente surgen sospechas de favoritismo político o de construcción de redes mediáticas afines al poder.

Una denuncia que sigue sin respuesta oficial

Hasta el momento, desde la Dirección de Comunicación del Gobierno no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias. Sin embargo, el caso ya ingresó al ámbito judicial luego de que la diputada Lissa Claros, de la bancada de Libre, presentara una denuncia penal en contra de Gabriela Alcón. Según la información difundida, el proceso se encontraría actualmente paralizado, pese a que existirían documentos y registros que respaldarían la investigación. Parte de estas evidencias, según se afirma, estarían en instituciones como YPFB, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), donde reposarían contratos, movimientos y registros vinculados a la asignación de frecuencias y la contratación de publicidad estatal.

Más que un caso individual
El problema que revela este caso no se limita a una persona. Pone sobre la mesa un tema estructural: la relación entre el poder político, los medios de comunicación y el uso de recursos públicos.

En Bolivia, la pauta estatal ha sido durante años un instrumento de influencia política, utilizado muchas veces para fortalecer determinados espacios mediáticos y debilitar otros.

Por eso, las denuncias que involucran a autoridades responsables de la comunicación gubernamental adquieren una gravedad especial.

La justicia y la transparencia

Las acusaciones que hoy circulan en el debate público deben ser investigadas con rigurosidad y transparencia.

No se trata de una disputa política ni de una polémica mediática más. Se trata de determinar si hubo o no un uso indebido del poder público para obtener beneficios privados.

Si la democracia quiere preservar su credibilidad, la respuesta no puede quedar en el silencio ni en la especulación.

Porque cuando existen indicios, documentos y denuncias formales, lo peor que puede ocurrir es la impunidad.

La justicia tiene la palabra. Y el país necesita respuestas.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera