Oficialismo anuncia envío de paquete de leyes a la Asamblea; oposición condiciona cambios a una reforma constitucional.

El Gobierno nacional alista el envío de un paquete de leyes estructurales a la Asamblea Legislativa para encarar una reforma del Estado centrada en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos e inversiones, mientras la oposición advierte que los cambios requieren modificaciones a la Constitución.

Con la conclusión del proceso de elecciones subnacionales, el Ejecutivo avanza en la presentación de un conjunto de proyectos normativos que buscan redefinir el modelo económico y administrativo del país. El presidente Rodrigo Paz confirmó que las propuestas están listas y serán socializadas antes de su tratamiento legislativo.

El paquete incluye reformas en áreas clave como hidrocarburos, minería, inversiones, régimen impositivo, medioambiente y energías alternativas. Según el mandatario, el objetivo es atraer capital y tecnología, sin dejar de garantizar beneficios para el país.

“La ley de Hidrocarburos no tiene secreto. Debe captar inversión y generar resultados para los bolivianos”, afirmó el jefe de Estado, quien además destacó la necesidad de fortalecer el sector minero. En ese contexto, comparó la producción nacional con la de países vecinos como Chile y Perú, subrayando la brecha en ingresos generados por esta actividad.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, indicó que las normas serán remitidas en los próximos días tanto a Diputados como al Senado, con el fin de activar su tratamiento en comisiones tras la Semana Santa.

Entre los proyectos también figura una ley específica sobre el litio, actualmente en fase de revisión, considerada estratégica para el desarrollo energético del país.

Desde el oficialismo se aseguró que el proceso será transparente y abierto al debate con los distintos sectores. Sin embargo, la oposición cuestiona el alcance de las medidas sin una reforma constitucional previa.

El diputado Carlos Alarcón sostuvo que al menos 18 artículos de la Constitución Política del Estado deben ser modificados para garantizar seguridad jurídica a las inversiones extranjeras, especialmente en sectores extractivos.

“El ajuste estructural requiere cambios constitucionales para generar confianza en los inversores y reactivar la economía”, señaló.

En paralelo, el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2026 se postergará hasta después de la posesión de nuevas autoridades subnacionales en mayo. Según Castro, el retraso responde a la necesidad de incorporar los presupuestos de gobernaciones y alcaldías en transición.

El debate sobre la reforma del Estado se perfila como uno de los principales ejes políticos y económicos del país en los próximos meses, en medio de tensiones entre el oficialismo y la oposición sobre el alcance y las condiciones de los cambios propuestos.