Informe de la UIF revela movimientos financieros sospechosos, bienes de alto valor y posibles vínculos con funcionarios de YPFB.
La Fiscalía de Santa Cruz investiga a la familia del expresidente Luis Arce por presuntos negocios irregulares vinculados a carburantes y agroindustria, en el marco de un caso por legitimación de ganancias ilícitas que involucra millonarias transacciones y posibles nexos con funcionarios de YPFB.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que un análisis económico patrimonial de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos financieros que superan ampliamente la capacidad declarada de la familia del exmandatario.
La investigación involucra a los hijos del expresidente, Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira, quienes habrían canalizado recursos presuntamente obtenidos mediante contrataciones irregulares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hacia actividades en el sector agroindustrial.
Según la Fiscalía, parte de estos recursos habría sido invertida en una empresa dedicada a la comercialización de insumos agroquímicos, donde recientemente se ejecutó un allanamiento que permitió el secuestro de maquinaria y documentación relevante para el caso.
El informe también revela un flujo migratorio frecuente de Marcelo Arce desde 2019 hacia países como Panamá, Paraguay y Estados Unidos, lo que refuerza la hipótesis de posibles operaciones financieras en el exterior.
Marcelo Arce fue aprehendido el 20 de marzo en Santa Cruz tras una persecución y posteriormente imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Un juez dispuso su detención preventiva en el penal de Palmasola mientras avanzan las investigaciones.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, señaló que el reporte de la UIF identifica al menos 18 propiedades y 20 vehículos de lujo vinculados al imputado, además de operaciones bancarias sospechosas por Bs 308.000 y Bs 515.000, montos que no se condicen con sus ingresos declarados.
Asimismo, el Ministerio Público detectó la participación de presuntos testaferros, incluidos funcionarios de YPFB, que habrían facilitado la adquisición de bienes y el manejo de recursos. Incluso, el inmueble donde fue aprehendido Marcelo Arce figura a nombre de un trabajador de la estatal petrolera.
En la misma línea, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó al imputado como un “corrupto múltiple” y lo vinculó con inversiones en el exterior, además de ejercer influencia dentro de la empresa estatal.
Por su parte, Marcelo Arce rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso responde a motivaciones políticas, aunque evitó referirse a los movimientos financieros observados en los informes oficiales.
Las autoridades consideran que este caso podría revelar una red más amplia de presunta corrupción en YPFB. La Fiscalía cuenta con un plazo de cuatro meses para consolidar las pruebas antes de presentar una acusación formal.
