El nuevo decreto establece que en 60 días ya no se exigirá cédula ni certificado de nacimiento en trámites públicos.

El gobierno de Rodrigo Paz anunció la eliminación progresiva de requisitos burocráticos en instituciones estatales mediante el programa “Tranca Cero”, que busca simplificar trámites y digitalizar procesos en menos de tres años.

La medida, oficializada a través del Decreto Supremo 5595, establece que las entidades públicas dejarán de exigir documentos físicos como la fotocopia de la cédula de identidad y el certificado de nacimiento, en un plazo máximo de 60 días desde su implementación inicial.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, quien explicó que esta decisión apunta a eliminar trámites innecesarios y reducir la carga burocrática que durante décadas ha afectado a los ciudadanos.

“Ya nadie va a ir a una fotocopiadora para seguir su trámite”, afirmó la autoridad, al destacar que el objetivo es modernizar la administración pública mediante procesos más ágiles y digitales.

El programa “Tranca Cero” contempla la creación de un comité interinstitucional conformado por seis ministerios, encargado de supervisar la implementación de la reforma. Asimismo, se establece un nuevo Viceministerio de Coordinación y Modernización del Estado, que tendrá la tarea de reglamentar los procedimientos administrativos.

Uno de los pilares del decreto es la creación de un catálogo único de requisitos. Según la norma, cualquier trámite que no esté incluido en este registro no podrá ser exigido por las entidades públicas, salvo en casos específicos definidos por ley o normativa ambiental.

La reforma abarcará a las oficinas de los 14 ministerios y las 101 entidades descentralizadas del Estado, con el objetivo de consolidar un sistema administrativo más eficiente y transparente.

El Gobierno proyecta que la eliminación total de requisitos innecesarios se concretará en un plazo menor a tres años, tomando como referencia experiencias regionales. En ese sentido, se instó a la población a denunciar cualquier incumplimiento de la norma durante su implementación.

La iniciativa surge en un contexto donde el crecimiento del aparato estatal en las últimas décadas ha incrementado la complejidad de los trámites, generando demoras y costos adicionales para los ciudadanos.

Con esta medida, el Ejecutivo busca marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la población, apostando por la simplificación administrativa y la digitalización como ejes de gestión pública.