Hebert Zeballos no logró su libertad pese a insistir por quinta vez; la justicia mantiene riesgos de fuga y obstaculización en una investigación por narcotráfico y desaparición de divisas.
El juez Hebert Zeballos sufrió un nuevo revés judicial luego de que se le negara la cesación a su detención preventiva, en el marco del caso de las 32 maletas con divisas desaparecidas en Santa Cruz.
La audiencia, desarrollada de forma virtual y presidida por la jueza Vivian Balcázar, concluyó con la ratificación de la detención preventiva del magistrado, quien permanece recluido en el penal de Palmasola desde el 20 de enero.
Zeballos, imputado por tráfico de sustancias controladas y confabulación, decidió asumir su propia defensa legal y argumentó que cumplía con los requisitos para defenderse en libertad. Sin embargo, la autoridad judicial consideró que persisten riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y la obstaculización de la investigación.
El caso cobró relevancia tras la desaparición de 32 maletas con divisas que llegaron a Bolivia en un vuelo privado desde Estados Unidos. Según las investigaciones, el cargamento fue retirado de la Aduana por la exdiputada Laura Rojas, quien utilizó un pasaporte diplomático para evitar controles.
Posteriormente, las maletas fueron trasladadas bajo escolta hasta una empresa de seguridad vinculada a Zeballos, ubicada en la zona de Villa Primero de Mayo, donde finalmente se perdió su rastro.
Las pesquisas de la FELCN también revelaron que en dicha empresa se hallaron cerca de 80 kilos de marihuana, además de documentación personal del juez y de la exparlamentaria implicada.
El expediente incluye indicios sobre un presunto patrimonio elevado del magistrado, con vehículos de alta gama, inmuebles en zonas residenciales y otros bienes, lo que refuerza las sospechas de una red de actividades ilícitas.
En el proceso también figura un ciudadano uruguayo, Gabriel Giuliano Leoni, declarado rebelde y con alerta roja internacional, acusado de haber participado en el traslado de las maletas.
El caso mantiene a cinco personas detenidas, entre ellas tres exfuncionarios judiciales. Una mujer vinculada a la empresa de seguridad, señalada como “capitalista”, también solicitó su libertad alegando razones familiares, pero su pedido fue igualmente rechazado.
Mientras la investigación continúa, el proceso expone posibles vínculos entre operadores judiciales y redes delictivas, en un caso que aún no logra esclarecer el destino final de las divisas desaparecidas.
