Una red criminal habría intervenido más de 5.000 cisternas en Chile para sustraer carburantes y mezclarlos con agua y aceite; se suspenden contratos con empresas proveedoras.
El Gobierno boliviano denunció que al menos 150 millones de litros de gasolina y diésel adulterados ingresaron al país en los últimos cinco meses, tras detectarse un esquema de sabotaje que operaba en territorio chileno.
La investigación oficial reveló que una red criminal intervenía cisternas que transportaban combustible hacia Bolivia, extrayendo parte del producto y reemplazándolo con una mezcla de agua sucia y aceite, principalmente en ciudades del norte de Chile como Iquique y Arica.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que aproximadamente 5.000 cisternas fueron manipuladas, cada una con una capacidad de entre 33.000 y 35.000 litros, de las cuales se sustraían entre 700 y 1.000 litros por unidad.
El combustible robado era desviado a circuitos ilegales de comercialización, donde incluso se instalaron surtidores clandestinos, según evidencian materiales presentados por las autoridades.
El presidente Rodrigo Paz calificó el hecho como un “boicot” contra la población y lo vinculó a estructuras criminales relacionadas con el manejo irregular del sector hidrocarburífero en gestiones pasadas.
El impacto económico del caso es significativo. El Gobierno estima que el volumen adulterado representa un movimiento de aproximadamente 150 millones de dólares, considerando un precio referencial de un dólar por litro.
Ante la magnitud del hecho, se activaron mecanismos de cooperación internacional. Bolivia inició coordinaciones con autoridades de Chile para desarticular la red, en un esfuerzo conjunto contra el crimen organizado transnacional.
En ese marco, el mandatario boliviano sostuvo una reunión virtual con su homólogo chileno, José Antonio Kast, con quien acordó fortalecer el trabajo bilateral en materia de seguridad fronteriza.
Además, el Gobierno anunció que replicará este esquema de coordinación con Paraguay y Argentina, ampliando el alcance de la investigación.
Como medida inmediata, el Ministerio de Hidrocarburos dispuso la suspensión de contratos de provisión de combustible con las empresas Trafigura y Vitol, mientras se verifican posibles irregularidades en la calidad del producto importado.
Pese a este escenario, las autoridades aseguraron que el abastecimiento interno de gasolina y diésel está garantizado, aunque el caso profundiza la crisis energética y genera preocupación en sectores productivos y del transporte.
