El proyecto impulsado por Juan Del Granado plantea modificar 18 artículos de la Constitución y crear una comisión independiente para preseleccionar autoridades judiciales.

El exalcalde y legislador Juan Del Granado reactivó una propuesta de reforma constitucional que busca cambiar el mecanismo de elección de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, sustituyendo el voto popular por un referendo de ratificación tras una preselección técnica.

La iniciativa, presentada ante la Cámara de Diputados, propone una transformación estructural del sistema judicial boliviano mediante la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE). El eje central del planteamiento consiste en reemplazar la actual elección de magistrados por voto directo con un modelo mixto que combine evaluación técnica y validación ciudadana a través de referendo.

El proyecto contempla la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones integrada por nueve miembros provenientes de la sociedad civil, la academia y entidades jurídicas, sin militancia política. Esta instancia tendría la responsabilidad de evaluar a los postulantes bajo criterios de idoneidad, probidad, paridad de género y representación plurinacional.

Una vez realizada la preselección, la comisión elevaría ternas a la Asamblea Legislativa, que designaría a las autoridades judiciales. Posteriormente, estas serían sometidas a un referendo nacional para su ratificación o rechazo por parte de la ciudadanía, en un plazo máximo de 90 días.

La propuesta no se limita al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional, sino que también incluye cambios en los procesos de selección del Defensor del Pueblo y del Fiscal General del Estado, ampliando el alcance de la reforma institucional.

Entre otros aspectos, el proyecto plantea la eliminación de la Procuraduría General del Estado, cuestionada por el volumen de recursos comprometidos en arbitrajes internacionales, y la asignación de un presupuesto mínimo del 3% para el sistema judicial, además de la implementación de la carrera judicial y la creación de jueces de paz.

El antecedente de esta iniciativa se remonta a un intento impulsado por juristas independientes hace tres años, que logró recolectar más de 833.000 firmas, aunque sin alcanzar el mínimo requerido para convocar a un referendo.

El tratamiento legislativo de la propuesta requerirá la conformación de una comisión mixta entre Diputados y Senadores, además de su aprobación en la Asamblea Legislativa antes de ser sometida a consulta popular.

La reactivación del debate se produce en un contexto de cuestionamientos al sistema judicial boliviano, en el que distintos sectores han planteado la necesidad de reformas profundas para garantizar independencia, transparencia y eficiencia en la administración de justicia.