Expertos advierten menor acceso a crédito, caída del consumo y necesidad de ajustes estructurales.

La proyección de una contracción económica de -3,2% para Bolivia en 2026, estimada por el Banco Mundial, anticipa un escenario adverso con efectos directos sobre el empleo, el crédito y la inversión.

Analistas coinciden en que este contexto generará mayor incertidumbre laboral. El economista Germán Molina explicó que quienes actualmente tienen empleo enfrentarán riesgo de pérdida de sus fuentes laborales, mientras que quienes buscan trabajo tendrán mayores dificultades debido a la reducción en la contratación tanto en el sector público como privado.

Además, la contracción implicará una desaceleración en la actividad empresarial. Según los expertos, muchas empresas optarán por frenar o postergar proyectos de inversión ante la falta de condiciones favorables, afectando especialmente a emprendedores y microempresarios.

En la misma línea, el economista Fernando Romero advirtió que la caída de ingresos reducirá el consumo interno. Esto provocará que las familias prioricen gastos esenciales como alimentación, salud y educación, debilitando la demanda y profundizando la informalidad económica.

El análisis también toma en cuenta que Bolivia ya registró retrocesos en años anteriores, con una recesión de -1,2% en 2024 y -2,1% en 2025, lo que agrava el panorama actual. Para el investigador Carlos Aranda, la contracción es inevitable y podría extenderse incluso a los primeros meses de 2027.

Desde el Banco Mundial, el economista jefe para América Latina, William Maloney, señaló que este escenario responde a una transición compleja hacia un modelo económico más sostenible, en medio de problemas como la caída de reservas internacionales y la inestabilidad macroeconómica.

Frente a este panorama, especialistas plantean la necesidad de ajustes estructurales. Entre las medidas recomendadas destacan la reducción del déficit fiscal mediante recortes al gasto improductivo, la revisión de subsidios, la reestructuración de empresas estatales deficitarias y la priorización de inversiones rentables.

Asimismo, proponen impulsar reformas para dinamizar la economía, como facilitar la inversión privada, simplificar el sistema tributario y promover sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y energía, con el objetivo de sentar las bases para una futura recuperación económica.