Alianzas impulsadas por Donald Trump y el gobierno de Rodrigo Paz generan expectativas económicas, pero también alertas sociales y ambientales.
La inclusión de Bolivia en la estrategia de Estados Unidos para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras clave para la transición energética y las tecnologías avanzadas ha encendido un debate técnico, ambiental y político en el país.
El plan impulsado por Washington busca articular a unos 50 países para contrarrestar la influencia de China en estos recursos estratégicos. En ese contexto, Bolivia aparece como un actor relevante: posee 31 de los 38 minerales críticos identificados a nivel global.
Potencial geológico y zonas de interés
Las principales áreas con potencial se concentran en:
• Santa Cruz (Chiquitania)
• Cochabamba
• Potosí
Uno de los puntos más relevantes es el Cerro Manomó, en la región de la Chiquitania, donde ya se desarrollan trabajos de prospección.
Entre los elementos detectados se encuentran tierras raras como lantano, cerio, neodimio y gadolinio, fundamentales para la fabricación de baterías, dispositivos electrónicos y tecnologías limpias.
Proyectos en marcha y preocupaciones locales
Actualmente, al menos tres proyectos generan preocupación:
• La Cruz Pico Suto
• Cerro Manomó
• Rincón del Tigre
Organizaciones indígenas como los pueblos guarayo, chiquitano y ayoreo denuncian falta de consulta previa, lo que contraviene estándares internacionales de derechos indígenas.
Además, existen alertas por posibles impactos:
• Contaminación de fuentes de agua
• Deforestación
• Afectación a territorios ancestrales
Visión estatal y atractivo económico
Desde la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se sostiene que estos proyectos pueden atraer inversión internacional significativa.
El gobierno ha participado en foros internacionales como la convención minera PDAC en Canadá y reuniones en Washington, donde se reportó interés de al menos 20 empresas en explorar estos recursos.
El enfoque oficial plantea desarrollar una “nueva minería” con estándares ambientales, aunque aún no se han presentado planes detallados de sostenibilidad.
Limitaciones estructurales y desafíos
Expertos señalan que Bolivia enfrenta restricciones importantes:
• Falta de inversión estatal suficiente
• Débil seguridad jurídica
• Conflictos con cooperativas mineras
• Ausencia de una ley moderna de minerales críticos
También advierten que, sin reglas claras, será difícil atraer capital extranjero de largo plazo.
Riesgos sociales y ambientales
Investigadores y organizaciones como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social alertan que más de la mitad de los proyectos extractivos en la región afectan territorios indígenas.
Entre los principales riesgos identificados:
• Desplazamiento de comunidades
• Fragmentación territorial
• Pérdida de biodiversidad
• Estrés hídrico
• Debilitamiento de estructuras comunitarias
Un debate abierto
El caso boliviano refleja una tensión estructural: aprovechar recursos estratégicos para insertarse en la economía global o evitar profundizar un modelo extractivo con altos costos sociales y ambientales.
El desarrollo de estos minerales podría representar una oportunidad económica significativa, pero su viabilidad dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar inversión, regulación y respeto a los derechos de las comunidades.
