El Gobierno de Bolivia aprobó un decreto que permite, de forma excepcional, la importación de hasta 7.500 barriles de petróleo por parte de actores públicos y privados, con fines experimentales orientados al desarrollo tecnológico.

La medida, establecida en el Decreto Supremo 5603, habilita a empresas legalmente constituidas a realizar pruebas piloto para mejorar el procesamiento del crudo, con énfasis en la producción de carburantes como gasolina y diésel.

Cambio en la política hidrocarburífera

Hasta ahora, esta atribución estaba limitada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a refinerías estatales, en el marco del Decreto Supremo 5548.

Con la nueva normativa, YPFB será responsable de suscribir los acuerdos de importación, mientras que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) definirá los volúmenes autorizados en función de criterios técnicos como la calidad del crudo y el tipo de proceso.

Producción para consumo interno

El decreto establece que los productos derivados de estas pruebas, siempre que cumplan con los estándares de calidad, podrán destinarse al consumo propio, pero prohíbe expresamente la exportación del petróleo importado.

Contexto de emergencia energética

La decisión se enmarca en la crisis por la caída de la producción nacional de hidrocarburos. Desde enero, mediante otra normativa, ya se había autorizado a privados importar y comercializar combustibles en el contexto de la “emergencia energética y social” impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Con esta nueva disposición, el Ejecutivo busca incentivar la innovación tecnológica y ampliar las capacidades de producción de combustibles en el país.