Nueva norma otorga al Ministerio de Economía mayor poder para reorganizar recursos destinados a créditos y sectores vulnerables.
El Gobierno aprobó un decreto que permite al Ministerio de Economía decidir y modificar el destino de los fondos sociales provenientes de utilidades de la banca, con el objetivo de agilizar su uso en programas productivos y de apoyo social.
La medida establece que esta cartera de Estado podrá reorganizar, redirigir e incluso cerrar fondos existentes sin necesidad de emitir un nuevo decreto, como se exigía anteriormente. Esto otorga mayor flexibilidad en la administración de recursos orientados a la inclusión financiera.
Estos fondos tienen su origen en la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, que obliga a las entidades bancarias a destinar parte de sus utilidades a iniciativas que faciliten el acceso al crédito, especialmente para micro y pequeñas empresas, vivienda social y sectores con menor acceso al sistema financiero.
Con el nuevo marco normativo, el Ejecutivo busca acelerar la asignación de recursos hacia áreas consideradas prioritarias, adaptándose con mayor rapidez a las necesidades económicas del país.
El decreto también garantiza que los préstamos y mecanismos de garantía ya otorgados no sufrirán modificaciones, respetando las condiciones originales para los beneficiarios.
Asimismo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero deberá adecuar su normativa para implementar los cambios definidos por el Ministerio de Economía.
La disposición incluye además la ampliación del plazo del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) hasta el 19 de junio de 2026, incorporando a nuevos beneficiarios dentro de este esquema.
Con esta decisión, el Gobierno refuerza su capacidad de intervención sobre recursos clave del sistema financiero, en un contexto donde se busca dinamizar la economía y fortalecer el apoyo a sectores productivos y vulnerables.
