La Fiscalía formalizó cargos contra Yerko Iriarte y otros tres implicados por la muerte de Lorgio Saucedo; pese a pruebas contundentes, los acusados están desaparecidos tras recibir detención domiciliaria.
La Fiscalía de Santa Cruz presentó la acusación formal contra Yerko Iriarte, presunto socio del narcotraficante Sebastián Marset, y otros tres implicados por el asesinato del abogado Lorgio Saucedo, en un caso marcado por evidencias clave y cuestionamientos a la actuación judicial.
Según el abogado Ariel Góngora, el proceso fue remitido a un tribunal de sentencia que deberá fijar fecha para el juicio oral. La acusación fue fortalecida tras la incorporación de nuevas pruebas que apuntan a Iriarte como autor del crimen y al resto como cómplices.
Saucedo fue reportado como desaparecido el 2 de septiembre de 2025 y se presume que ese mismo día fue ejecutado en el aeródromo Coloradillo, en Warnes. Entre las evidencias más relevantes figuran un video hallado en el celular de uno de los acusados que mostraría la ejecución de la víctima, restos biológicos en la escena y manchas de sangre en pertenencias de los sospechosos.
El punto clave en la investigación se dio el 4 de febrero, cuando el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó con un 99,9% de certeza que la sangre encontrada correspondía a Saucedo, tras un análisis comparativo con muestras de su madre.
No obstante, el caso está rodeado de polémica. La familia de la víctima denunció retrasos en la entrega del informe de ADN y cuestionó decisiones judiciales que beneficiaron a los acusados. El 29 de diciembre, una jueza otorgó detención domiciliaria a todos los implicados durante la vacación judicial, y actualmente se desconoce su paradero.
La Fiscalía intentó revertir esa medida para lograr su reclusión, pero el trámite quedó en suspenso tras la presentación de la acusación formal.
Para la familia Saucedo, el proceso ha estado marcado por irregularidades. Su abogado, Daniel Vidal, denunció un “extraño movimiento judicial” que habría impedido el retorno a prisión de los acusados.
Con el caso ya en manos de un tribunal, se espera que en las próximas semanas se defina la fecha de inicio del juicio oral, en un proceso que genera alta expectativa por sus posibles vínculos con redes del narcotráfico y por las dudas que persisten sobre la administración de justicia en sus primeras etapas.


