El operativo se realizó durante la madrugada sin enfrentamientos; persisten bloqueos en otras carreteras que mantienen cercada a la sede de gobierno.

La Policía procedió durante la madrugada de este martes al desbloqueo de la carretera La Paz–Coroico, en el sector de Yolosita, en los Yungas paceños, luego de un operativo que permitió restablecer el tránsito vehicular y peatonal sin registrar enfrentamientos entre efectivos y movilizados.

El Comando Departamental de Policía de La Paz informó que un contingente policial se desplazó hasta el sector donde un grupo de personas mantenía bloqueada la vía e impedía el paso de motorizados.

“Ante la presencia policial, las personas que mantenían los puntos de bloqueo se retiraron de manera paulatina, sin que se registraran enfrentamientos ni fuera necesario el empleo de la fuerza”, señala parte del comunicado difundido por la institución policial.

Tras el repliegue de los movilizados, los efectivos procedieron al retiro de piedras, árboles y promontorios de tierra que habían sido colocados sobre la carretera para obstruir el tránsito.

Según el reporte oficial, luego de la intervención la vía quedó “completamente expedita para la circulación vehicular y peatonal”.

La Policía indicó además que personal uniformado permanece desplegado en Yolosita y otros puntos estratégicos de la ruta con el objetivo de garantizar la seguridad y el libre tránsito de los vehículos que circulan por el sector.

Pese a la habilitación de esta carretera, otras rutas que conectan a La Paz con diferentes regiones del país continúan bloqueadas, en medio de una medida de presión impulsada por sectores campesinos e indígenas que ya ingresó a su segunda semana.

Los puntos de bloqueo persisten en las rutas hacia Oruro, Desaguadero en la frontera con Perú, el lago Titicaca y el norte del departamento, situación que mantiene prácticamente cercada a la sede de gobierno.

En paralelo, algunos sectores movilizados, particularmente marchistas provenientes de Pando y Beni, evalúan suspender sus protestas tras la decisión del Senado de avanzar en la abrogación de la Ley 1720.

Sin embargo, otros grupos mantienen e incluso radicalizan las medidas de presión mientras el Gobierno insiste en convocar al diálogo y denuncia intentos de desestabilización detrás de las movilizaciones.