El canciller Fernando Aramayo defendió el derecho a la protesta, pero rechazó la violencia y las medidas que afectan a la población.

El Gobierno de Bolivia denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que los bloqueos y movilizaciones que atraviesa el país están provocando una “vulneración deliberada de los derechos fundamentales” de la población.

Durante su intervención, el canciller Fernando Aramayo afirmó que el Ejecutivo respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, aunque advirtió que las actuales medidas de presión han derivado en hechos de violencia y afectaciones graves para los ciudadanos.

“Ante tales hechos, el Gobierno boliviano desea expresar con absoluta claridad que reconoce y respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política”, señaló la autoridad ante el organismo internacional.

Sin embargo, remarcó que ninguna demanda política o sectorial puede justificar acciones que vulneren derechos básicos de la población.

“Ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva ni la vulneración deliberada de los derechos fundamentales de la población”, sostuvo Aramayo.

La exposición del canciller se produjo en medio de la tercera semana consecutiva de bloqueos y conflictos sociales en Bolivia, principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.

El Gobierno también denunció ante la OEA las muertes registradas durante los bloqueos y los problemas de desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal que afectan a La Paz y El Alto.

En los últimos días, las protestas derivaron en enfrentamientos con la Policía, saqueos, ataques a instituciones públicas y privadas y restricciones severas al transporte interdepartamental.

Mientras tanto, organismos internacionales y sectores nacionales continúan insistiendo en la necesidad de un diálogo para encontrar una salida a la crisis política y social que vive el país.