Por: Jaime Bravo
Las naciones no colapsan únicamente por guerras, golpes de Estado, crisis económicas o crisis internas multifactoriales (tal cual sucede hoy con nuestro país). Existen procesos más silenciosos, más lentos y profundamente más peligrosos, aquellos en los que el poder formal continúa existiendo, pero pierde progresivamente capacidad real de conducción sobre el territorio, la economía, la soberanía y la vida social. El Estado sigue allí, con edificios públicos, uniformes, leyes, discursos oficiales y ceremonias institucionales, pero algo esencial comienza a desmoronarse en sus cimientos, la propia autoridad legítima. Bolivia atraviesa hoy una de esas fracturas históricas.
No se trata únicamente de inseguridad, corrupción, pérdida del control de la soberanía o expansión del crimen (en todas su variedades). Lo que emerge en distintas regiones del país es una progresiva simbiosis criminal entre minería ilegal, narcotráfico, contrabando, legitimación social de economías ilícitas y captura territorial del poder. Una convergencia que no sólo erosiona la institucionalidad estatal, sino que amenaza con consolidar una nueva arquitectura de dominación basada en capitales ilegales, violencia difusa y control económico territorial. El problema ya no puede analizarse bajo categorías convencionales de criminalidad común. Hoy, Bolivia enfrenta el riesgo de consolidación de una verdadera clase criminal dominante.
No una criminalidad marginal o periférica, sino una estructura social, económica y política capaz de disputar progresivamente espacios de soberanía al propio Estado. Y lo más alarmante es que dicho proceso no avanza únicamente mediante violencia explícita. Avanza mediante legitimación social, normalización cultural y penetración institucional.
Allí reside su mayor peligrosidad. Durante décadas, amplios sectores del discurso político latinoamericano interpretaron las economías ilegales exclusivamente desde una lógica penal, narcotráfico, minería ilegal, contrabando o corrupción eran concebidos como desviaciones individuales combatibles mediante persecución judicial, policial o militarización. Sin embargo, la experiencia regional demuestra que esos fenómenos evolucionaron hacia sistemas complejos de organización social y acumulación de poder.
La criminalidad contemporánea dejó de ser clandestina. Aprendió a gobernar. En Bolivia, esta transformación se vuelve particularmente visible en territorios atravesados por explotación aurífera ilegal, economías extractivas informales y corredores estratégicos del narcotráfico y el contrabando. Allí donde el Estado llega débilmente, o simplemente no llega, emergen estructuras híbridas capaces de sustituir funciones esenciales de gobernanza, financian actividades locales, generan empleo inmediato, articulan redes económicas, imponen reglas territoriales y producen mecanismos alternativos de protección.
En otras palabras, llenan el vacío estatal. Ese vacío constituye el núcleo central del problema boliviano contemporáneo. Porque ningún territorio permanece vacío de poder por demasiado tiempo. Cuando el Estado se ausenta, otros actores ocupan su lugar. Y cuanto más prolongada es la ausencia institucional, más sólidas se vuelven las estructuras paralelas que emergen para sustituirla.
Un sistema que es capaz de ser influido por dinámicas crimanales y asi cooptar instituciones, neutralizar controles y construir legitimidad social mediante redistribución económica inmediata, es lo que esta sucediendo hoy. Y ese es precisamente el punto que suele escapar al análisis superficial, el crimen y las economías ilegales no se consolidan únicamente por coerción. Se consolidan porque producen dependencia social.
Es asi que en territorios históricamente abandonados, donde la presencia estatal se reduce a burocracia ineficiente o promesas incumplidas, el dinero ilícito adquiere capacidad estructurante. Financia transporte, comercio, consumo, empleo y supervivencia cotidiana. La ilegalidad comienza entonces a confundirse con la economía real de las comunidades.
Y cuando eso ocurre, el crimen deja de percibirse como anomalía externa. Comienza a integrarse al tejido social mismo.
Pierre Bourdieu permite comprender esta transformación con extraordinaria claridad. El sociólogo francés sostenía que toda estructura de poder produce un “habitus”, un sistema de disposiciones interiorizadas que moldea prácticas, percepciones y formas de interpretar la realidad. El habitus no se limita a conductas conscientes; configura mentalidades, aspiraciones y sentidos comunes.
Aplicado al caso boliviano, ello implica reconocer que el crimen y las economías ilegales están produciendo progresivamente una cultura social específica. Un habitus criminal.
Una racionalidad colectiva donde la ilegalidad deja de ser concebida como ruptura ética y pasa a entenderse como mecanismo legítimo de movilidad económica, ascenso social o supervivencia territorial. Allí donde generaciones enteras crecen observando que el poder económico real proviene de circuitos ilícitos, la frontera simbólica entre legalidad e ilegalidad comienza inevitablemente a erosionarse.
El problema deja entonces de ser exclusivamente policial, judicial o militar. Se convierte en un fenómeno cultural y político.
Porque una vez consolidado un habitus criminal, las estructuras ilícitas dejan de operar únicamente desde la clandestinidad y comienzan a proyectarse como clase dominante. Acumulan capital económico (mediante economías ilegales); capital social (mediante redes territoriales y clientelares); y capital simbólico (mediante capacidad de resolver aquello que el Estado no resuelve).
Bourdieu advertía que el poder más eficiente es aquel que logra naturalizarse hasta parecer inevitable. Y eso es precisamente lo que comienza a ocurrir cuando comunidades enteras dependen económicamente de actividades ilícitas mientras perciben simultáneamente al Estado como distante, incapaz o irrelevante.
La minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, la trata y tráfico de personas, la legitimación de ganancias ilícitas, en otras, en Bolivia no deben analizarse únicamente como delitos. Deben entenderse como estructuras de acumulación de poder territorial.
Y allí emerge otro fenómeno particularmente peligroso, la simbiosis criminal. Las economías ilícitas contemporáneas ya no operan aisladamente y el resultado de ello es una economía criminal integrada. Una economía que genera enormes flujos de dinero capaces de penetrar mercados formales, capturar actores políticos y distorsionar instituciones democráticas.
La captura del Estado ya no ocurre únicamente mediante golpes de fuerza. Ocurre mediante infiltración progresiva. Es una captura molecular, lenta, silenciosa y extraordinariamente eficaz.
La tragedia boliviana radica en que gran parte de este proceso avanza mientras amplios sectores institucionales continúan interpretando el problema únicamente desde dimensiones fragmentadas, seguridad, minería, narcotráfico o corrupción analizados de manera independiente. Sin embargo, el fenómeno real es sistémico.
Existe una convergencia progresiva entre economías ilegales, fragilidad institucional y erosión de legitimidad estatal. Y cuando esa convergencia alcanza determinados niveles, emerge un escenario particularmente riesgoso, la sustitución gradual del Estado por redes paralelas de gobernanza criminal.
La experiencia latinoamericana demuestra que el crimen organizado contemporáneo comprende mejor que muchos gobiernos algo fundamental, la legitimidad social es más importante que la fuerza bruta. Por ello, las organizaciones criminales no buscan únicamente enriquecerse; buscan construir aceptación comunitaria.
Financian festividades y “reivindicaciones”, resuelven conflictos locales. Generan empleo rápido. Sostienen economías regionales enteras. Proveen seguridad informal. Distribuyen recursos y lo mas importante construyen pertenencia.
Y cuando un actor criminal logra producir sentido de pertenencia social, deja de ser percibido únicamente como amenaza. Comienza a ser visto como estructura necesaria para la supervivencia cotidiana. Ese es el momento más peligroso para cualquier democracia.
Porque allí el Estado ya no compite solamente contra actividades ilícitas; compite contra sistemas alternativos de organización social capaces de ofrecer respuestas inmediatas allí donde la institucionalidad sólo ofrece demora, burocracia o abandono.
En nuestro pais, el riesgo ya no consiste únicamente en la expansión del crimen organizado. El verdadero peligro radica en la consolidación de una élite económica criminal con capacidad creciente de influencia territorial, política y cultural, en palabras mas simples, una clase dominante emergente.
Una clase que acumula capital económico desde la ilegalidad, legitimidad social desde la ausencia estatal y capacidad política desde la fragilidad institucional. Pierre Bourdieu advertía que toda dominación duradera requiere mecanismos simbólicos capaces de hacerla parecer natural. Precisamente allí reside el mayor triunfo de las economías criminales contemporáneas, transformar la excepcionalidad de la ilegalidad en normalidad cotidiana.
Porque el ciudadano ya no deja de creer únicamente en un gobierno. Comienza a dejar de creer en el Estado mismo como horizonte posible de orden, justicia y protección.
La historia demuestra que ningún Estado pierde soberanía de manera inmediata. La pierde lentamente, territorio por territorio, institución por institución, comunidad por comunidad, dimensión de poder por dimensión de poder. Primero retrocede la presencia estatal; luego avanza la economía ilegal; después emerge la dependencia social, más tarde aparece la legitimación cultural y finalmente se consolida la captura política.
Ese es el ciclo que América Latina ha observado repetidamente en distintos contextos. Y ese es el riesgo histórico real que Bolivia enfrenta hoy con una claridad cada vez más inquietante. Porque allí donde el Estado no protege, otros poderes terminan ofreciendo protección.
Allí donde el Estado no genera oportunidades, otros actores terminan financiando supervivencia. Y allí donde el Estado pierde legitimidad, las estructuras criminales encuentran el terreno perfecto para convertirse no sólo en economías ilícitas, sino en formas alternativas de poder.
La tragedia final es quizá la más devastadora de todas, cuando la sociedad comienza a acostumbrarse a ello.
*Es abogado e investigador especializado en minería ilegal
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera
