La Cámara de Senadores analizará este jueves al menos cuatro proyectos de ley vinculados a la regulación del estado de excepción, en una sesión convocada de manera virtual y presencial pese al feriado de Corpus Christi.

Los anteproyectos llegaron a la Asamblea Legislativa en medio del conflicto social y los bloqueos que afectan al país desde hace más de un mes. La directiva del Senado, presidida por Diego Ávila, deberá definir cuál de las propuestas será tratada durante la sesión prevista para el mediodía.

Dos de las iniciativas fueron presentadas por legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC): una corresponde al senador Daniel Ortiz Velásquez y otra a la diputada Marlene Miranda Palma. Además, existe un tercer documento sin firma identificada y finalmente se encuentra el proyecto remitido el miércoles por el Órgano Ejecutivo.

Según el reporte, tres de los anteproyectos tienen contenidos similares y contemplan la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales, aunque con limitaciones y mecanismos de control para evitar arbitrariedades durante la aplicación de estas medidas.

Uno de los documentos propone que el estado de excepción tenga una duración máxima de 90 días y establece que las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir cuando la Policía haya sido “manifiestamente rebasada”.

En el caso del proyecto sin identificación de autor, no se fija un plazo específico para la vigencia del estado de excepción y se delega al Órgano Ejecutivo la reglamentación mediante decreto, incluyendo detalles operativos de su aplicación.

Las propuestas coinciden también en incluir responsabilidades para las autoridades y efectivos que ejecuten órdenes contrarias a la Constitución Política del Estado o a los derechos humanos.

“Las órdenes emitidas al amparo del estado de excepción no eximen de responsabilidad penal, civil ni disciplinaria a quienes las ejecuten cuando sean manifiestamente contrarias a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a los derechos humanos”, señala uno de los proyectos.

Asimismo, los documentos establecen que el Ejecutivo deberá presentar un informe a la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 10 días hábiles después de concluido el estado de excepción, detallando las acciones ejecutadas, sus consecuencias y la situación del país.

El debate legislativo surge en un contexto marcado por los conflictos sociales y también revive el antecedente de 2020, cuando la entonces presidenta transitoria Jeanine Áñez promulgó el Decreto 4078 sin una ley específica que regulara el estado de excepción. Esa norma posteriormente fue utilizada en procesos judiciales contra exautoridades civiles y militares, aunque dichos casos fueron anulados durante la actual gestión de Gobierno.