La norma fue promulgada en medio de 39 días de movilizaciones y bloqueos en distintas regiones del país.

El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, una norma que establece los procedimientos, alcances y mecanismos de control para la aplicación de esta medida en Bolivia.

La promulgación se realizó luego de que el proyecto fuera aprobado por la Cámara de Senadores y sancionado por la Cámara de Diputados durante la madrugada del domingo.

Durante el acto, el mandatario señaló que la seguridad del Estado es un elemento fundamental para el desarrollo del país y afirmó que existen riesgos cuando determinados intereses se sitúan por encima de los intereses de la sociedad.

“De nada sirve desarrollar normas y visión de desarrollo económico si en la Patria no tenemos seguridad, seguridad que se ve en peligro cuando el narcoterrorismo prioriza sus intereses por encima de la sociedad”, manifestó Paz.

Con la promulgación de la norma, el siguiente paso para una eventual declaratoria de Estado de excepción será la emisión de un decreto supremo por parte del Órgano Ejecutivo. Posteriormente, dicho decreto deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración.

El diputado Carlos Alarcón explicó que la sola promulgación de la ley no activa automáticamente un Estado de excepción, ya que la Constitución establece un procedimiento específico para su aplicación.

“Con la sola promulgación de la ley de reglamento no basta para que se cumpla con el Estado de excepción. Se tiene que dictar un decreto supremo, no es suficiente la ley”, indicó el legislador.

Asimismo, recordó que una vez emitido el decreto, la Asamblea Legislativa deberá pronunciarse sobre la medida en un plazo de 72 horas.

La Ley 1740 establece que el presidente podrá declarar Estado de excepción mediante decreto supremo cuando existan circunstancias como peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

La normativa, compuesta por 27 artículos, tiene como finalidad regular la aplicación de los estados de excepción conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado. También define la participación de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público durante su vigencia.

Además, contempla disposiciones relacionadas con los derechos fundamentales, el ámbito territorial de aplicación, los mecanismos de control institucional y la rendición de cuentas por parte de las autoridades encargadas de ejecutar las medidas excepcionales.