El sector denuncia pérdidas económicas, conductores varados y la presencia de personas armadas en algunos puntos de bloqueo.
Cuando el país cumple 40 días de protestas y bloqueos, el presidente de la Asociación del Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), Marcelo Cruz, expresó críticas tanto a los sectores movilizados como a las autoridades nacionales, al considerar que la situación genera graves perjuicios económicos y afecta a cientos de transportistas que permanecen retenidos en las carreteras.
Cruz calificó los bloqueos como una medida “catastrófica” debido a las pérdidas que, según afirmó, enfrenta el sector y a la situación de los conductores que permanecen varados en distintos puntos del país.
En sus declaraciones, el dirigente señaló que solicitarán la ampliación de investigaciones por presuntos delitos relacionados con las movilizaciones y mencionó a dirigentes y autoridades vinculados al conflicto, entre ellos el vicepresidente Edmand Lara y representantes de organizaciones sociales.
Asimismo, sostuvo que la actual conflictividad responde a disputas de carácter político y no a demandas de carácter social o salarial. En ese contexto, cuestionó a quienes impulsan las medidas de presión y afirmó que la población resulta afectada por las consecuencias económicas de los bloqueos.
Cuestionamientos al Gobierno
El representante del transporte pesado también expresó observaciones a la gestión gubernamental y consideró que el conflicto no fue resuelto oportunamente, lo que habría contribuido a la escalada de la tensión en distintas regiones del país.
Además, señaló que los corredores humanitarios implementados para facilitar el tránsito no han permitido resolver la situación de los transportistas que permanecen detenidos en las carreteras.
Denuncias sobre personas armadas
Cruz denunció la presunta presencia de personas armadas en algunos puntos de bloqueo. Según indicó, además de los hechos reportados en San Julián, existirían situaciones similares en sectores de El Alto y Desaguadero.
Finalmente, manifestó que las medidas de presión continúan afectando el abastecimiento y el acceso a productos de primera necesidad, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, donde la población enfrenta dificultades derivadas del conflicto.
